Las elecciones del 21D han demostrado que la verdadera fractura no se da dentro de la sociedad catalana, sino que se produce entre el parlament y los votantes. Para constatarlo, basta con detenerse en las dos lecturas obligadas de los resultados de las elecciones. La primera es la que destaca el carácter de las elecciones como plebiscito sobre la independencia de Cataluña, tal y como insistentemente han proclamado los partidos secesionistas durante la campaña. Un plebiscito que la opción independentista ha perdido, con una participación histórica, por 160,000 votos. Tal sería entonces el resultado del tan traído referéndum sobre la independencia, en consonancia con el de las anteriores elecciones y con múltiples sondeos de opinión.

La segunda lectura se refiere a la asignación de escaños en el parlamento. Para ello es necesario aplicar ajustes que redondeen las fracciones de escaño, puesto que estos no son divisibles. El ajuste aplicando el método de la ley D’Hondt arroja una mayoría parlamentaria de los partidos independentistas. Pero también concede una mayoría a los de ideología centristas, por lo que estos podrían coaligarse para gobernar. Aunque el hecho de que se encuentren divididos en torno a la cuestión independentista plantea un dilema de difícil solución.

Parece que la alternativa más factible es que prime la cuestión independentista. Para ello, los partidos habrán de relegar el resultado del voto directo, anteponiendo las afinidades secesionistas a las de la política socio-económica. Aunque con ello solo se logre perseverar en una dirección que presenta altos costes sociales y conduzca a un resultado anticipado por el voto efectuado. Pero no se puede olvidar que la democracia no usa ajustes de D’Hondt, o de otro tipo, cuando se decide sobre una cuestión unívoca, en que solo cabe votar a favor o en contra. Es más, los ajustes, que son obligados para asignar escaños, no dejan de ser una mera aproximación inexacta del voto ciudadano. De ahí que existan distintos procedimientos para hacerlos. Por ello, utilizar el juego de los ajustes para contradecir la claridad del resultado subyacente es contrario al sentido democrático. Porque el voto directo es el que mejor responde al principio fundamental de un hombre, un voto, y ese voto ha rechazado la independencia.

La conclusión sería entonces que, despejada la cuestión principal, primase la mayoría parlamentaria formada por una coalición entre partidos afines en el terreno de la política social y económica. Una coalición de Ciudadanos y JxCAT, que gobernaría con holgura al contar con 71 escaños. Dicha coalición podría beneficiarse de la coyuntura general para resarcir a Cataluña de los costes de la crisis económica y adoptar políticas que la aproximasen a los modelos sociales del norte de Europa, aquellos que los líderes de JxCAT proclaman como su mejor referente y que son fácilmente asumibles por Ciudadanos. Siendo esa la opción natural en ausencia del objetivo independentista, cualquier análisis de los costes sociales que este imponga habrá de medirse respecto a dicha referencia.

Pero superar la actual situación de enfrentamiento resulta utópico. Hacerlo se llevaría por delante la cabeza de cualquier líder independentista que lo intentase, al quedar en evidencia ante su electorado y ante el público en general. El mensajero de las malas noticias sería sacrificado, convertido en el chivo expiatorio necesario para asimilar la frustración del resultado electoral. Y porque hacerlo aportaría una interpretación justificatoria de la intervención del gobierno central y de los tribunales, que iría en detrimento del destino personal de los políticos involucrados.

La situación es entonces que, o bien los líderes secesionistas aceptan asumir los costes personales – de individuos y de partidos – reconociendo el sentido plebiscitario del voto efectuado, o se persevera en la consecución de la independencia, imponiendo para ello costes sociales adicionales a los votantes que ya la han rechazado. Tal es la naturaleza de la esquizofrenia a que da lugar la situación política. Un dilema que, en términos económicos, se corresponde con la existencia de costes de naturaleza pública, donde ningún agente aceptará voluntariamente asumir la parte de coste que le corresponde si tiene la opción de transformar su coste privado en un coste público pagado por todos. Una forma masoquista de prorrogar la crisis económica vivida en los últimos años.