Lejos de entregarse a la reflexión, contrición y penitencia que exige la expiación de las culpas tras una caída tan estrepitosa y humillante como la sufrida por el PP el 21-D, Mariano Rajoy y el sanedrín de Génova siguen empecinados en su inmovilismo y en el autoengaño de echar balones fuera sin reconocer errores y culpando a Ciudadanos de que hoy la gaviota popular sea una especie en grave riesgo de extinción en Cataluña y con serias perspectivas de declive en el conjunto del Estado.

Un resultado catastrófico el de los populares que, junto con el estancamiento del PSC, ha impedido la mayoría constitucionalista en el Parlament, y que es la consecuencia lógica de una concatenación de errores derivados de una aplicación pacata del artículo 155 de la Constitución hasta reducirlo, en la práctica, a un mero coitus interruptus con freno y marcha atrás.

Quiéranlo, o no, los señores del PP, fue un error de bulto la convocatoria de elecciones en un plazo inferior a dos meses desde la entrada en vigor de la medida, con las heridas aún abiertas y sin tiempo para que los ciudadanos de Cataluña notaran las diferencias en su economía y en su devenir cotidiano del cambio del Govern del Procés al Gobierno del 155.

Además, durante este breve período de tiempo se ha mantenido la tradicional dejación de la presencia del Estado en esa Comunidad Autónoma, con ausencia casi total, salvo cuando las encuestas aventuraban el desastre, de los ministros del Gobierno y de su vicepresidenta, a pesar de ser Soraya Sáenz de Santamaría, quien ejercía la presidencia de la Generalitat en funciones.

Tampoco ha habido valor para intervenir en los medios de comunicación públicos como TV3, no para censurar sino para devolverles la imparcialidad y libertad e impedir que se transgrediera la legalidad a través de unos canales informativos que pagan todos los catalanes y que han sido y siguen siendo, el instrumento de propaganda de Puigdemont, Junqueras, los partidos independentistas y sus ramas seglares como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium.

Igualmente desde el Ejecutivo y el PP se ha dado la espalda a las prácticas de adoctrinamiento en los colegios e institutos a pesar de las denuncias de Ciudadanos, que llevó la cuestión al Congreso, de organizaciones de padres y de alumnos que han sufrido acosos y escraches por parte de compañeros y profesores, con actitudes que el Código Penal califica como delitos de odio.

Y, por si fuera poco se han perpetrado episodios esperpénticos como en el caso de los bienes del Monasterio de Sijena, Adonde se lanza primero la piedra de la devolución en el momento más inoportuno por coincidir con la campaña electoral, dando nuevos argumentos de agravio a los soberanistas, y luego se esconde la mano recurriendo la resolución judicial. ¿No hubiera sido más sensato esperar a que pasaran los comicios?

Ahora, consumado el hundimiento, la estrategia del PP parece dirigirse a poner zancadillas a la carrera ascendente de Arrimadas y Ciudadanos de cara a las próximas convocatorias electorales conscientes de que el naufragio catalán aboca casi inexorablemente, al conjunto del Estado a un adelanto de las generales y a los populares a la Espada de Damocles de renovarse en personas, estrategias, mensajes y programas, o morir. El ejemplo francés está a la vuelta de la esquina y ahora ya Europa no empieza en los Pirineos sino que termina en Gibraltar.