Como en el cuento de Monterroso, cuando se despertó Cataluña seguía ahí. Las elecciones autonómicas del 21 de diciembre han demostrado la misma fortaleza de las fuerzas centrífugas que centrípetas, del nacionalismo que del no nacionalismo. Y entre fortaleza y fortaleza se siguen lanzando cañonazos. Metáforas al margen, es lo cierto que en la Física hay leyes de lo imposible, por ejemplo, no es posible que una fuerza irresistible choque contra un objeto inamovible, pero en Política no, de modo que convendría auspiciar una tregua para que los cascotes del destrozo no siguieran cayendo sobre nosotros. Ya dice el Banco de España que la tensión en Cataluña frenará el crecimiento económico del conjunto de España al 2,4% en 2018, frente al 3,1% registrado en los tres primeros trimestres del año que termina. El independentismo frena las decisiones de inversión y consumo. En cambio, un alivio de la tensión en Cataluña «podría conducir a un escenario de mayor crecimiento» económico del previsto.

Si los expertos de tan rigurosa institución anteponen la política a la economía debe de ser porque conviene que determinados políticos entiendan el mensaje de Séneca: «Primun vivere, de in de philophare» y antepongan la economía a la política o, al menos, no perjudiquen el crecimiento previsto del empleo del 2,9% el año entrante con su enconado enfrentamiento. Algo más que propaganda contra el independentismo catalán debe de haber en esa cifra de 3.160 empresas que han cambiado su domicilio social desde Cataluña a otros lugares del territorio nacional. Pongamos el ejemplo de una empresa de alimentación catalana (con participación de capital francés) que suministra más de 400.000 menús cada día a cientos de colegios de primera y segunda enseñanza, hospitales, empresas, centros oficiales, fábricas, residencias de ancianos y al propio Banco de España, gracias a las concesiones de la administración general del Estado y de las administraciones autonómicas. ¿No cambiaría su domicilio social para mantener la actividad, el negocio y el crecimiento y soslayar la inquina política de unos y otros? Séneca tenía razón: primero vivir, después filosofar.

Estos días de vacaciones parlamentarias son propicios para la reflexión. Si los resultados del 21-D han supuesto un triunfo inapelable de los nacionalistas en escaños, los no nacionalistas (incluidos los púnicos del gobierno del PP) han de asumir y respetar el veredicto. Y si han supuesto un triunfo en votos de los no nacionalistas, los nacionalistas (incluidos los separatistas más despeinados) han de asumir y respetar igualmente el veredicto de los electores. Desde ese reconocimiento y respeto mutuo, conviene que dialoguen y restañen la convivencia por el bien de todos. No es que quiera Rajoy y no quiera Puigdemont o viceversa; no es que Sáenz de Santamaría, la «descabezadora» (vaya por Dios) no desee hablar con Junqueras y otros inquilinos de la cárcel de Estremera y de las residencias de vacaciones en Bélgica, es que las urnas les obligan a hacerlo.

Y en este punto vale preguntar qué sentido tiene que la Fiscalía del Estado siga manteniendo su acusación contra los encausados por desobediencia constitucional, cuando los hechos desmienten ese supuesto delito. ¿Acaso los nacionalistas catalanes no han aceptado unas elecciones de acuerdo con las previsiones constitucionales de intervención y reposición de la autonomía? Si el nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgado, un señor de derechas, promocionado por el PP como magistrado del Supremo, espera a que nieve para retirar la acusacion de su antecesor, el fallecido en  Argentina José Manuel Maza, pues ya ha nevado. ¿O es que quieren que el nuevo Parlament se constituya con los representantes del pueblo en la cárcel o en el extranjero? Dice la Constitución que «la justicia emana del pueblo». Pues eso. ¿A qué esperan para obedecer?