El folleto elaborado por Bankia para su salida a Bolsa en el año 2011 informaba de forma «fiel y exhaustiva» tanto de su situación patrimonial como de los riesgos derivados de la inversión en acciones del banco, según se desprende del escrito de defensa que la entidad nacionalizada ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, tras la apertura de juicio oral por el presunto maquillaje de las cuentas.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, explica a lo largo de 76 páginas que el banco, procesado como persona jurídica, no solo fue «totalmente transparente» en la información que ofreció a los inversores sino que el folleto se confeccionó cumpliendo con la Ley y «en permanente y estrecho contacto» con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al igual que los estados financieros correspondientes al ejercicio de 2011 y 2012.

Por tanto, rechaza que exista responsabilidad penal o civil en su actuación y descarta la comisión de los delitos de estafa de inversores y falsedad de cuentas que sí le atribuyen las acusaciones del proceso que se dirige contra 34 personas, entre ellas el expresidente de la entidad Rodrigo Rato.

Tras cinco años de instrucción, el juez Fernando Andreu dictó apertura de juicio oral en noviembre al considerar que se aprobaron unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la entidad.

En lo que respecta a Bankia, el magistrado mantiene su causa pese a que el fiscal del caso Alejandro Luzón no ejerza acusación contra la entidad y pese a reconocer que ésta ha colaborado durante la instrucción.

En el escrito remitido al juez, Bankia solicita una batería de diligencias entre las que destaca la testifical de una treintena de personas entre banqueros y auditores ,como es el caso del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el expresidente de la CNMV Julio Segura; el que fuera subgobernador del Banco de España y vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, o Matías Amat, director financiero de Caja Madrid en la etapa de Miguel Blesa como presidente.

Bankia también pide que se ratifiquen de nuevo los peritos que han prestado declaración durante la instrucción y anuncia que aportará otros cuatro nuevos informes antes del inicio del juicio oral. Hace expresa mención a los peritos del Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets quienes ratificaron hasta en tres informes entregados a Andreu que la salida a Bolsa de Bankia due fraudulenta.

Argumenta que la instrucción se ha basado «única y exclusivamente» en el trabajo de estos dos peritos a pesar de que existen «otros muchos informes» que pondrían de manifiesto los errores que habrían cometido y que llegan a conclusiones contrapuestas, que la información de los folletos sí contenía la imagen fiel del banco y que la reformulación de las cuentas se debió a la aparición de nuevos hecho posteriores a la formulación de 2012 y no a errores contables.

Entre otras cuestiones, les acusa de «obviar» en sus trabajos que Bankia contaba con provisiones y que incluso en el hipotético caso de que se hubiera producido el deterioro al que se refieren, bajo ningún concepto hubiera afectado ni a los resultados ni a la situación patrimonial de la entidad, ni por lo tanto a la imagen fiel del banco.

La entidad pide que en caso de que finalmente resulte culpable, se tenga en cuenta que tanto BFA como Bankia presentaron durante la instrucción de la causa una fianza de cerca de 12,8 millones de euros para indemnizar a posibles perjudicados a pesar, dicen, de que en febrero del año 2016 se abrió un proceso de devolución de la inversión de los accionistas minoristas y que actualmente el proceso está casi totalmente satisfecho.

Defensa del SIP

Bankia defiende igualmente la legalidad del proceso de constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) en diciembre de 2010 como resultado de la fusión de siete cajas así como las dos segregaciones realizadas tanto de las cajas a BFA como de esta matriz a Bankia. Sobre el primer punto, el escrito recalca que el plan de integración no solo fue aprobado por el Banco de España sino que fue «impulsado» por las autoridades económicas y monetarias dada la situación del sistema financiero en aquel momento.

Denuncia al respecto que el supervisor no previó «en ningún momento» el deterioro del ciclo económico que se produjo esos años ni la magnitud de las consecuencias que tuvo en el sector bancario, a lo que hay que sumar la segunda recesión española, tampoco prevista ni por los organismos nacionales ni por el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En relación con el cargo de los deterioros contra reservas por parte de las cajas que integraron el SIP, la entidad explica que «está legalmente permitido» siempre y cuando haya sido autorizado por el Banco de España, como así ocurrió, y por tanto considera que sí se respetó la normativa contable, en contraposición a la versión de las acusaciones que sostienen que este cambio contable buscaba evitar que la cuenta de resultados de la caja aflorara pérdidas.

El escrito se hace eco de la intervención del banco que derivó en la inyección de 4.500 millones de euros por parte del FROB ante la situación crítica de la entidad y explica que este proceso dio lugar al nacimiento de «la nueva Bankia», en la que su comportamiento demuestra el compromiso de sus nuevos dirigentes con una cultura ética empresarial y que es un banco «saneado» y por ello no tiene cabida exigir responsabilidad penal «por hechos delictivos presuntamente cometidos por los anteriores administradores».