En la citada sentencia de este miércoles, el Constitucional afirma que la atribución que la normativa reguladora del Programa de Activación para el Empleo (PAE) efectúa al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que sea éste el encargado de ejercer las funciones de concesión y pago de esta ayuda económica deba considerarse como «inconstitucional y nula por corresponder a la competencia de los servicios de empleo de las comunidades autónomas».

El alto tribunal, que responde de esta forma al recurso planteado por el Gobierno vasco al entender que el PAE invadía competencias autonómicas, ya se pronunció de forma similar respecto al Plan Prepara, al entender que centralizar en el SEPE la gestión de esta ayuda económica a desempleados contravenía el orden constitucional de distribución de competencias den materia de empleo. De esta forma, da la razón al Gobierno vasco, que en su recurso sostenía que las competencias para acordar la incorporación al PAE, así como las bajas y reincorporaciones al plan, o la financiación de la ayuda económica complementaria «ignoraban de forma absoluta» la competencia genérica de la comunidad autónoma del País Vasco en legislación laboral y la competencia concreta en materia de políticas activas y fomento del empleo, «conculcando el orden constitucional» de distribución de las competencias atribuidas a esa comunidad.

El Gobierno prorrogó el pasado mes de abril, por segunda vez y hasta el 15 de abril de este año, el Programa de Activación para el Empleo dirigido a la reinserción laboral de los parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios, y que contempla una ayuda de 426 euros mensuales para sus beneficiarios.

El Ejecutivo calculaba entonces que se beneficiarían de este programa 210.000 desempleados. En 2017, el programa contó con una dotación de 220 millones y para este año están previstos un total de 337 millones.

Para solicitar esta ayuda, los desempleados de larga duración deben haber tenido un empleo anterior, estar inscritos como demandantes de empleo al menos nueve meses durante los 18 meses anteriores, buscar activamente un puesto de trabajo y haber consumido cualquier prestación un mes antes de pedir la ayuda.