Del PSOE y las pensiones

11/01/2018

Luis Díez.

Con los globos oculares cargados de nostalgia por el cierre de la emblemática Interviu y su hija política Tiempo después de 42 y 36 años de cotización, respectivamente, hojea el cronista el documento de propuestas del PSOE para garantizar el futuro del sistema público de pensiones, basado en una solidaridad entre generaciones que está siendo quebrada irremisiblemente por el neoliberalismo triunfante y uberizado. La propuesta avanzada por Pedro Sánchez y aportada a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo es una apelación coyuntural a la solidaridad del capital con el trabajo, como si el capital hubiera sido solidario alguna vez y sus representantes neoliberales (el PP y Ciudadanos en este caso) estuvieran dispuestos a transgredir el mandato de sus patrones, que no parece. Ambas formaciones coaligadas para sostener a un gobierno presidido por el tautológico Rajoy juegan al inmovilismo, que es la mejor manera de que el problema se pudra a mayor beneficio de la banca y sus aseguradoras y fondos de pensiones privadas.

Frente al déficit todavía soportable de 1,3 puntos del PIB (18.000 millones de euros este año), los socialistas proponen un impuesto especial a los beneficios de la banca para enjugar parte del desfase entre ingresos y gastos del sistema público de pensiones y una revisión de las tarifas planas y otros instrumentos incentivadores de la contratación que evite la ya harto abusiva carga (o descarga, según se mire) sobre los pensionistas. Hay que recordar que cuando el PP llegó al Gobierno, a finales de 2011, la Seguridad Social ya apuntaba un déficit de una o dos décimas y que aquel 0,2 de desfase fue creciendo a causa del aumento del desempleo y del incremento del número de pensionistas. La decisión de Gobierno fue someter a los pensionistas, ya perjudicados por la congelación del último año de Zapatero, a una pérdida de 30.000 millones de euros en sus pagas por el procedimiento de fijar en 0,25% el incremento anual de las pensiones con independencia del índice de inflación, que era el índice de revalorización empleado hasta entonces.

Desde 2012 hasta el momento actual se consumieron 58.000 de los 66.000 millones del fondo de reserva, la hucha de los pensionistas, y para que no desapareciese difinitivamente, el Tesoro aportó un crédito de 10.000 millones el año pasado. En 2012 las cotizaciones cayeron por efecto del desempleo a 16,2 millones de cotizantes, sin que la “congelación estructural” de la ministra Fátima Báñez y su secretario de Estado Tomás Burgos pudieran contener la hemorragia. En un gesto miserable, la entonces ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato (la del Jaguar, los viajes de placer y fiestas de cumpleaños pagadas por Correa) eliminó las cotizaciones de los cuidadores de personas dependientes e infligió un daño de mil millones de euros al sistema.

Entre tanto, el rescate de la banca con dinero público suponía 77.000 millones de euros de los que no vamos a recuperar ni 14.000 millones (datos del ministro Guindos). Que ahora se exija un impuesto sobre el beneficio de la banca para equilibrar el sistema público de pensiones es de lógica aplicada, aunque sea comedida o mínima. La reactivación del empleo hasta superar los 18 millones de cotizantes también ayudaría si no fuera por las excepciones (contratos basura y a tiempo parcial) arbitradas por el Ejecutivo y que, de hecho, han impedido el aumento paralelo de la recaudación por cotización. En 2016, con un millón más de cotizantes que en 2012, la recaudación fue la misma: 103.000 millones de euros. Las bonificaciones a costa de los pensionistas presentes y futuros son, además de una fuente de fraude, una trampa política más del impávido gobernante y sus amigantes (“amigos mangantes”, según el filósofo Emilio Lledó). Cosa distinta sería si, como exigen los sindicatos y plantea el PSOE, tales “bonificaciones” se pagasen con dinero de los impuestos estatales.

Con todo, el documento de los socialistas apunta una solución coyuntural, para un lustro, pues a partir de 2023, el número de pensionistas seguirá creciendo y el de cotizantes apenas superará los 21 millones. La robotización de fábricas, comercios, bancos y otros servicios obligará a fijar impuestos estructurales y definitivos para mantener el sistema público de pensiones dignas. La alternativa es la beneficencia, la insolidaridad, la desigualdad más lacerante y la injusticia, una sociedad más miserable, cruel y violenta que nadie (tampoco los liberales honrados) dice desear. Mal que pese a Rajoy y sus mariachis, parece llegado el momento de que los jóvenes dirigentes, como ha hecho Sánchez, comiencen a preguntarse qué será de ellos cuando sean mayores.

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