El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha establecido un límite del 50% en el importe que pueden gastar los Ministerios y los organismos autónomos este año hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2018.

El acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 restringe la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8. Se trata de los gastos destinados a transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros, sobre los que los Ministerios no podrán tampoco aprobar ni comprometer nuevas partidas de expedientes ya iniciados una vez superado el 50 % del crédito inicial presupuestado.

El acuerdo, aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de diciembre de 2017, introduce escasas excepciones a estas limitaciones: las transferencias corrientes destinadas a financiar las pensiones, las clases pasivas y las prestaciones de desempleo

Y deja muy claro que «solo por causas excepcionales debidamente justificadas», el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite fijado, siempre que no supere el nivel de ejecución del gasto de 2017.

El documento señala que esta norma entró en vigor el 1 de enero y se extenderá hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Afectará a los Ministerios, organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Precisión del portavoz del Gobierno

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, precisa tras la reunión del Consejo de Ministros que «no ha habido ninguna decisión» de limitar al 50% los gastos de los Ministerios en 2018 hasta que se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Afirma sentirse «estupefacto» ante esta idea. «Como mi ministerio tenga un límite del gasto del 50%, no sé qué voy a hacer yo», bromea.

El Gobierno lo que hará es cumplir con las obligaciones que tiene España con Bruselas de cara a la reducción del déficit público, que debe bajar al 2,2% del PIB este año, y «repetirá» los gastos del pasado año de acuerdo con la prórroga de los Presupuestos. «Pero no ha habido ninguna decisión de limitar al 50% los gastos de los ministerios», reitera.

El Ministerio de Hacienda afirma que es «falso» que se hayan recortado los créditos de los departamentos ministeriales un 50%, y aclara que la decisión tomada en diciembre de 2017 estableció que cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (transferencias corrientes, de capital e inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al fisco, como ocurrió el año pasado, para su utilización.

En un comunicado, Hacienda explica que, a diferencia de la prórroga presupuestaria de ejercicios anteriores, en 2018 no ha sido necesario aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos gracias a la «favorable evolución» de las cuentas públicas.

En un contexto de prórroga de los Presupuestos, en el último Consejo de Ministros de 2017 se adoptaron, como en años anteriores, medidas para controlar y mejorar la ejecución del gasto público antes de que se apruebe los de 2018. «Estas medidas son necesarias para garantizar una adecuada ejecución del gasto público en los primeros meses del año, evitando un exceso de gasto público que condicionaría el contenido de la próxima Ley de Presupuestos», subraya el comunicado de Hacienda, que insiste en que el Consejo de Ministros no aprobó una reducción de los créditos presupuestarios.

Sí se establecieron medidas de control de ejecución del gasto público, como son la referida a que los departamentos ministeriales deberán elaborar un calendario con las fechas estimativas de cuándo prevén aprobar determinados gastos, como subvenciones nominativas o convenios. Con esta medida se pretende mejorar la planificación del gasto, según Hacienda.

Además, se estableció que cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (las transferencias corrientes, de capital y las inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al Ministerio de Hacienda.

Hacienda recuerda que esta autorización no es nueva, puesto que ya se pidió el año pasado en la prórroga de los Presupuestos de 2016 sin que existiese «ningún perjuicio» en la gestión. «Ésta es una práctica que no solo ha estado ya en vigor en España, sino que además es común en otros países», precisa.

El PSOE exige la comparecencia de Montoro

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que informe sobre este acuerdo y ha solicitado la convocatoria de la Diputación Permanente para acordar la celebración de esta comparecencia.

El portavoz socialista de Presupuestos, Javier Lasarte, ha denunciado que «este nuevo recorte del gasto público» constituye además una forma de «chantaje del Gobierno en un momento en el que tiene que buscar apoyos para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado».

Unidos-Podemos también ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de Montoro. Su portavoz, Segundo González, afirma que Montoro «chantajea» a las comunidades autónomas y a otras fuerzas políticas para garantizarse la aprobación de los Presupuestos Generales, por lo que impone un límite de gasto prorrogado, «secuestrando» recursos e inversiones que pertenecen a la ciudadanía. «Montoro usa el Ministerio como un apéndice del PP y esto es intolerable en democracia», reitera.