Las últimas respuestas del Gobierno a cuestiones de rabiosa actualidad (rabiosa desde luego) nos proporcionan la noticia de que no piensa renovar las concesiones de las autopistas que vencen a corto plazo a las concesionarias que las explotan. Es una noticia positiva para los paganos (del verbo pagar) y negativa para Autopistas, Iberpistas y otras sociedades de la multinacional Abertis, que explota en España más de mil kilómetros de vías rápidas de alta capacidad con un beneficio anual neto próximo a los mil millones de euros.

La pista de las intenciones del Gobierno la dio el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en una respuesta escrita al diputado socialista José Javier Lasarte, en la que dice textualmente que «no se tiene previsto proceder a la prórroga del contrato concesional de la autopista AP-1, Burgos-Armiñón, que finaliza el 30 de noviembre de 2018. Cuando llegue a su término, revertirá a la Administración General del Estado que decidirá la forma de explotación de la autopista que mejor convenga al interés general a partir de ese momento».

En otra respuesta, también por escrito, a las diputadas socialistas Amalia Rodríguez y Rocío Cuello, dice: «El Gobierno no prevé a corto o medio plazo ninguna modificación que afecte al peaje de la autopista AP-4. No obstante, cabe mencionar que la concesión de la autopista AP-4, Sevilla-Cádiz finaliza en dos años (año 2019). La intención del Gobierno es no prorrogar el plazo concesional».

Las respuestas llevan fechas de 14 y 20 de diciembre, respectivamente, y anticipan la recuperación para el sector público de unos bienes y un servicio público largamente amortizado por los ciudadanos semovientes e incluso por los que no salen de casa porque salir cuesta cada vez más dinero y no lo tienen. Las fechas de las respuestas sobre los propósitos gubernamentales tienen importancia porque ya han activado los musculosos mecanismos de presión del sector.

En este contexto cabe enmarcar (sin restar un ápice de responsabilidad a los zoidos) el sufrimiento de miles de ciudadanos atrapados por la nevada en la AP-6 la tarde del 6 de enero (día de Reyes) y la madrugada del 7, sin que la concesionaria haya avisado a los usuarios ni dispuesto los medios para evitar el colapso. La ley del máximo beneficio con el mínimo coste (ahorro en personal y maquinaria quita nieves) demostró su vigencia, una vez más, sin que la toma masiva de rehenes sea delito ni, mucho menos, provoque dimisiones.

Pero a lo que iba: entre 2018 y 2021 vence el plazo de concesión de nueve tramos muy importantes de autopistas de peaje (en la AP-7, AP-6, AP-4, la AP-2 y a AP-1) que en conjunto suman más de 1.000 kilómetros. Si la voluntad manifestada por el Ejecutivo en las respuestas oficiales por escrito es cierta (lo contrario sería falsedad en documento público), cabe esperar que el PP vote a favor de la proposición no de ley registrada por Podemos para que esas autopistas que pagamos todos dejen de ser negocio para unos pocos y vuelvan al eficiente sector público.

Por otro lado, los nueve tramos quebrados (construidos bajo los gobiernos de Aznar, Aguirre y sus «amigantes») y rescatados con varios miles de millones de dinero público, suman más de 600 kilómetros de autopista, de tal forma que entre ambas magnitudes estamos hablando de 1.600 kilómetros, el 70% del tendido de autopistas de peaje de competencia estatal.

Fuera de la propiedad y la gestión pública directa solo quedarían dos autopistas de peaje con más de 100 kilómetros de recorrido: la AP-68, Bilbao-Zaragoza, que finaliza su periodo concesional en 2026 y la AP-9, Ferrol-Frontera portuguesa, que tiene la misma fecha inicial de concesión que la AP-68 (en 1973), pero que sucesivas ampliaciones del plazo (tampoco el PP gallego iba a fastidiar a sus benefactores) han prolongado la explotación privada hasta 2048.

Hace demasiados años decía Felipe González que España era un país raro, donde el Estado fabricaba coches y el sector privado hacía autopistas. Ahora el Estado ya no fabrica automóviles, pero las autopistas tendidas sobre terrenos expropiados a la fuerza y por cuatro perras siguen en manos privadas. Cierto es que si enviar 6000 policías y guardias civiles a impedir un «referendo» como el del 1-O en Cataluña cuesta 87 millones (a 14.500 euros por agente y en penosas condiciones), más que unas elecciones generales en toda España, habrá que pensar si los zoidos y la reina madre (el hedonista Rajoy) son las personas más adecuadas para administrar la res publica o dilapidan por encima de nuestras posibilidades.