John Locke y Montesquieu postularon la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial como forma de balancear y equilibrar los distintos poderes públicos y garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos , base de una democracia.

Este postulado es asumido teóricamente por todos y recogido en nuestra propia Constitución, pero la situación real a nivel municipal  en España presenta grandes deficiencias que quiero comentar.

A diferencia de nuestros vecinos, Portugal, en donde en las elecciones municipales se votan dos listas, una para elegir a los integrantes a lo equivalente al Pleno del municipio y otra en la que se elige al Alcalde y el equipo de gobierno, es decir se vota los componentes del poder legislativo y diferenciadamente a los del poder ejecutivo municipal. También a diferencia de lo que ocurre a nivel Estado y Autonomías donde el presidente del parlamento es una persona diferente del Presidente del Gobierno o de la Autonomía, no presidiendo por tanto la misma persona el órgano donde reside el poder ejecutivo y el órgano legislativo. En nuestros municipios hay una sola elección, ocupando la misma persona el poder ejecutivo, el Alcalde y el poder legislativo, preside el Pleno del Ayuntamiento.

A nivel municipal, en mi opinión,  existen solo dos poderes el legislativo/ejecutivo y el judicial; debilitando tremendamente los principios democráticos y la división de poderes. Dicho esto, solo el poder judicial puede equilibrar a nivel municipal al otro poder, de carácter político. En municipios medianos y pequeños, los jueces procuran no inmiscuirse en la vida política y los políticos definen su posición con la célebre frase “no judicializar la vida política” en un claro intento de evitar el necesario control de garantía y equilibrio de su poder para los ciudadanos.

Desde estas líneas quiero hacer un llamamiento al poder judicial en los municipios con el fin de que actúen, sin rubor, en la garantía de los derechos de los ciudadanos y en la defensa de la división de poderes. También a los políticos, para que vean como una práctica sana , necesaria útil y garantista la intervención del poder judicial a nivel municipal, amén de poner en conocimiento de estos últimos aquellos hechos acaecidos en el seno del poder ejecutivo/legislativo, representado por una sola persona, y que puedan ir en contra de las garantías que se merecen nuestros vecinos.