El documento sobre la remuneración de las actividades energéticas reguladas, -especialmente las gasistas-, que el sector y los inversores conocieron hace pocos días, causó una tormenta, no sólo bursátil, que ha conllevado además movimientos por parte de las actores implicados. En la serie de contactos y entrevistas que siguieron al informe había un claro objetivo: avisar al Gobierno que las modificaciones que se preparaban iban a tener repercusiones legales. El argumento que se usaría sería similar al que se basaban las acciones cuando se cambiaron las reglas en las energías renovables: el Ejecutivo no puede crear incertidumbres legales.

Pero dos días después la situación, al menos en apariencia, ha cambiado. De los casi 300 millones de euros al año en los que se cifraba el impacto por los cambios se ha pasado, según la intervención de ayer del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso, a 50 millones a repartir entre Gas Natural, Naturgas, Redexis y Madrileña Red de Gas.

Estas empresas, al igual que Enagás, REE  y las eléctricas, tienen entre sus accionistas los principales fondos internacionales de inversión y de pensiones; y en conjunto o incluso de forma individual son en general los principales socios en el capital. Desde JP Morgan, a CVC o GIP han invertido y también negocian operaciones que implican cifras millonarias. Y los cambios, pese a un posible giro, están siendo recibidos con preocupación y cautela, y sus responsables, así como los de empresas afectadas buscan como interlocutor al titular de Economía, Luis de Guindos.

Si bien la intervención de Nadal es positiva para las gasistas, anunció otra medida, que afectaría a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Viesgo, EDP y REE. Se trata de un ajuste a la baja de unos 200 millones de euros al año en la retribución de transporte y distribución. Esta medida forma también parte del paquete de enmiendas a la ley de medidas urgentes contra la sequía.

Otro anuncio de Nadal apunta a que las eléctricas que quieran cerrar sus centrales nucleares deberán hacerlo asumiendo el coste del desmantelamiento, debido a la falta de medios económicos de Enresa.