Los informes que permitieron a la Junta Única de Supervisión (JUR) intervenir el Banco Popular el 6 de junio de 2017y adjudicarlo por un euro al Banco Santander ya son públicos, aunque los datos clave siguen siendo secretos. La JUR apela a motivos de confidencialidad para mantener ocultos tanto la valoración definitiva como otros datos fundamentales, como el importe de la liquidez de emergencia del BCE a la que tuvo acceso el Popular, la ‘fuga’ de depósitos sufrida por la entidad, o lo que hubieran recuperado los acreedores si se hubiera optado por la insolvencia ordinaria, el concurso de acreedores.

Deloitte, autor de los informes, deja claro desde el principio que éstos se hicieron en apenas 10 días, un plazo «extremadamente corto». Advertencia con la que la consultora parece curarse en salud ante posibles demandas de afectados por la decisión de la JUR.

La documentacion elaborada por Deloitte para la JUR tres escenarios sobre la situación del Popular. En el más favorable, el Popular tenía un ‘agujero’ de 11.800 millones de euros, que asciende a 20.600 millones en el más duro, y a 14.700 millones en el intermedio. Lógicamente, los tres escenarios ofrecen sendas valoraciones, muy diferentes, del Popular: 1.300 millones en el más optimista, -2.000 millones en el intermedio o ‘neutral’, y hasta -8.200 millones en el pesimista.

El impacto del ‘ladrillo’ es fundamental para esas valoraciones. Aquí Deloitte pone el foco en que que no tuvo acceso a «cierta información crítica» y apenas hubo «oportunidades limitadas» de debatir las conclusiones con el consejo de administración, auditores, supervisores y directivos del Popular. De nuevo, la consultora se cura en salud.

Además, el cuadro sobre el estado del Popular está censurado por la JUR, lo que impide conocer con exactitud todas las partidas de valoración. No se conocen, porque lo oculta la JUR, las cifras de costes por «contingencias legales» y las referidas a alianzas, asociaciones y filiales que tiene el Popular, como las existentes con la aseguradorea alemana Allianz en seguros y gestión de activos, o con Värde en WiZink, entre otras. Estos datos, según expertos consultados, pueden incrementar el supuesto ‘agujero’ del Popular entre 1.200 millones y 4.100 millones de euros.

El informe de Deloitte no explica la metodología utilizada para su elaboración. Y como la JUR no hace público el informe definitivo de valoración, no se puede saber si los acreedores y los bonistas del Popular «podrían haber obtenido mejor tratamiento bajo los procedimientos de insolvencia normal». Un dato que es clave para las demandas presentadas por los afectados en los tribunales, y que afectan en algunos casos a la JUR y a su presidenta, Elke König, a quien se ha denunciado por presuntas violaciones de sus deberes como funcionaria europea al haber filtrado datos sobre la situación del Popular, que aceleraron la fuga de depósitos.

La JUR sí ha hecho público un informe sobre el Popular, fechado el 5 de junio, por tanto un día antes de la intervención y posterior adjudicación de la entidad, en el que se reconoce que «la valoración no indica que el banco sea insolvente», aunque se precisa que «la solvencia de la entidad está bajo condiciones de presión y los mercados dan por descontado un déficit en la cobertura de los activos morosos», y que «la liquidez y las condiciones de fondos de Banco Popular están desencadenando la valoración de posiblemente fallido o fallido».

Ningún dato sobre la dimensión real de los problemas de liquidez del Popular, sobre la fuga de depósitos, sobre los fondos de emergencia que el Banco Central Europeo puso a disposición de la entidad española, ni sobre si existían garantías suficientes para acceder a esa linea o no. Muchas incógnitas sin resolver por la censura de la JUR.