A la falta de financiación que se están encontrando las empresas para funcionar, se une como problema el reiterado impago por parte de las Administraciones Públicas españolas de las cuentas pendientes que tienen con las empresas por la prestación de servicios  o adquisición de material.

Esta última situación, que está “ahogando” a muchas empresas, ha sido denunciada hoy por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME que han hecho público un comunicado en elque exige a las recientemente constituidas nuevas corporaciones locales, comunidades autónomas y Administraciones públicas en general  que “cumplan rigurosamente con la normativa que establece medidas de lucha contra la morosidad”.

Hasta720 días

Las organizaciones empresariales añaden que, según el Banco de España, la cuantía que conforma el pasivo de las Administraciones Públicas por cuentas pendientes de pago con las empresas ascendió a 45.794 millones de euros en 2010. “Gran parte de estas cuentas pendientes de pago –afirman- acumulan un retraso medio superior a los 170 días, llegándose a constatar en determinados sectores plazos de pago superiores a los 540 y 720 días”.

Según CEOE y CEPYME, “el reiterado e injustificado incumplimiento de la normativa sobre plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas” está deteriorando significativamente la estructura económica y financiera de las empresas lo que impide el normal desarrollo de su actividad y “compromete, en multitud de casos, su permanencia en los mercados”.

Para las dos organizaciones empresariales , más allá de la relevancia de la morosidad como factor que amplifica los negativos efectos de la debilidad de la actividad económica, hay que destacar el “sobrecoste” en el que incurre la economía española “como factor que lastra la competitividad de nuestras empresas en el medio y largo plazo, las cuales ya están debilitadas debido a la situación actual de la actividad y de las dificultades del acceso a la financiación”.

En el comunicado, CEOE y CEPYME destacan que el reconocimiento del importe de las deudas pendientes, el ajuste de los plazos de pago a los marcados por la normativa y el pago de las mismas deben establecerse como acciones prioritarias de gobierno tanto por la Administración General del Estado, como por las comunidades autónomas y las corporaciones locales.