Los sindicatos han cargado hoy contra el proyecto de reglamento de las mutuas presentado por el Gobierno. La nueva norma, según UGT, “sigue primando los intereses económicos por encima de la salud” de los trabajadores; beneficia únicamente a las Mutuas, y supone “un paso más” en la privatización del sistema de Seguridad Social y de la sanidad pública”.

Por su parte, CCOO, que ha registrado sus alegaciones en el ministerio de Empleo, denuncia que el proyecto de reglamento pretende aumentar la capacidad de intervención de las mutuas en materias “tan sensible” como el control de las incapacidades temporales.

Según la central, el reglamento pretende utilizar el silencio administrativo para aumentar la capacidad de decisión de las mutuas, en el control médico de los procesos de incapacidad, derivados de enfermedades comunes.

Además, el reglamento establece que, si no contestan en cinco días, los médicos del servicio público de salud estarán autorizando de forma tácita las propuestas de las mutuas.

Una fórmula que se contempla, no solo en el adelanto de pruebas diagnósticas, sino también en las propuestas de tratamientos y rehabilitaciones, incluso aunque sean distintas a las prescritas por los médicos del sistema de salud público.

Para CCOO esta cuestión es “grave”, no solo en relación con la salud del paciente, sino por la asunción de responsabilidad que esta autorización tácita, por silencio administrativo, hará recaer sobre los médicos de la pública.

Pago de desplazamientos

El sindicato critica también otros asuntos incluidos en el proyecto de reglamento de mutuas, al que acusan de “reabrir” un conflicto histórico a cuenta del pago de los desplazamientos a los trabajadores llamados a consulta por las mutuas.

La Seguridad Social había resuelto hace unos meses que son las mutuas las que deben pagar estos desplazamientos. Sin embargo, el futuro reglamento establece en su redacción actual que solo deberán pagar estos costes si el desplazamiento supera los 25 km de distancia.

Además de otras cuestiones, los sindicatos, que llaman al Gobierno a reconsiderar su postura, critican también que el reglamento deje sin regular cuestiones polémicas como el sistema de bonus, que premia a las empresas con menor incidencia de enfermedades entre sus trabajadores, y que supone, en su configuración actual, una invitación al subregistro de daños por parte de las mutuas.

Finalmente, CCOO hace un llamamiento al Gobierno a que reconsidere su postura y abra un proceso dialogado con las organizaciones sindicales en el que se concrete un Reglamento de Mutuas diferente, que haga posible que estas entidades garanticen el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las empresas.

Por su parte, UGT, que ha presentado observaciones al proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento, rechaza este reglamento porque “sigue primando los intereses económicos frente a la salud de los trabajadores, obviando sus derechos a la protección social y a la recuperación de la salud”.