La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha archivado dos piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por las ayudas concedidas al Obispado de Cádiz y a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén, pues considera que «ninguna responsabilidad penal puede tener el ciudadano» que solicita una subvención o ayuda y que, «bajo el principio de confianza en nuestras instituciones, asume la situación de sujeto en una relación jurídico-administrativa, ante una irregular actuación de la administración en el procedimiento de concesión».

De este modo, y en un primer auto, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza separada abierta por la ayuda sociolaboral de 300.000 euros que la Junta de Andalucía concedió en el año 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz, pieza en la que estaba siendo investigado el obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos, ya que «no existe el más mínimo indicio de responsabilidad penal que justifique mantener la investigación abierta» sobre este último «ni sobre cualquier otra persona del Obispado o Consejo Económico».

Por los mismos argumentos en el auto anterior, la juez archiva también por segunda vez la pieza separada por las ayudas a Azucareras Reunidas de Jaén –esta pieza ya la archivó una primera vez pero la Audiencia de Sevilla le ordenó reabrirla–, ya que «en el iter procedimental no se constata conducta alguna, ni de los representantes sindicales, ni de las personas que intervienen en nombre de la empresa, que pueda ser constitutiva de ilícito penal alguno» y «los representantes sindicales y los ciudadanos, en la gestión y solicitud de las ayudas públicas, se limitan a seguir el procedimiento que fijan las administraciones».