El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, no ha decidido cómo se hará. «Estamos estudiando cómo, pero sin duda lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad y dentro de la libertad es muy importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos», ha señalado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El titular de Educación ha descartado que la intención de la medida sea presionar a los independentistas para desbloquear la situación política en Cataluña y ha asegurado que obedece a la necesidad de «garantizar por un lado, ese derecho fundamental de los padres a elegir, y por otro, el mejor funcionamiento del sistema educativo».

Méndez de Vigo ha señalado además, que la intención del Gobierno, que con la aplicación del 155 de la Constitución ostenta las competencias de Educación en Cataluña, no es cambiar ni el sistema educativo catalán ni su modelo lingüístico, sino garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Constitucional. «La resolución de preinscripción tal y como estaba en los tres últimos cursos ha sido recurrida por el Gobierno y lo coherente es que de acuerdo al contenido de ese recurso vayamos a modificarla en ese sentido. Esto no significa un cambio del modelo educativo en Cataluña. Los modelos educativos están en las leyes», ha asegurado.

«Es una sentencia importante que entiende que se cumple este requisito impartiendo el 25% de las clases en castellano. Eso es lo que estamos pensando, lo que estamos estudiando», ha señalado al respecto.

En cuanto a la forma en que se modificará la resolución, Méndez de Vigo ha descartado entrar en «especulaciones», pues aún no ha definido si se tratará de cambiar los formularios, donde en la actualidad se marca una casilla con la preferencia de cada alumno durante la preinscripción en el centro educativo. Sí ha avanzado que la intención es que esa selección de lengua vehicular «se haga de una forma no individualizada sino colectiva» y así lo está estudiando, igual que está aún en fase de análisis el coste y el impacto en cifra de alumnos que tendrá la nueva resolución.

«El Gobierno tiene que aprobar una resolución, esa resolución otros años no nos satisfacía y la recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por tanto, ahora que es responsabilidad nuestra, vamos a hacerlo en la forma que estimamos que es la correcta», ha resumido.