Los resultados de Iberdrola de 2017 muestran, un año más, que sus activos en el exterior son el motor del grupo (Estados Unidos y Brasil), mientras que la actualización del plan estratégico (2018-2022), que ha sido presentado este miércoles a los analistas en Londres, incluye inversiones focalizadas en sus filiales internacionales y en energía renovables. Y también la estrategia está centrada en fidelizar a sus accionistas y en atraer nuevos inversores.

En el periodo del plan, el grupo que preside Ignacio Galán destinará el equivalente a 12.000 millones de euros a retribuir a los accionistas (0,4 euros por título). Y, como mantendrá el scrip dividend (posibilidad de cobrar el dividendo en acciones), se compromete a materializar sucesivas recompras de acciones, para evitar la dilución de los beneficios para los accionistas.  El número de titulos permanecerá en los 6.240 millones.

Con cargo al ejercicio que acaba de concluir elevará el dividendo un 3,2%, hasta 0,32 euros brutos. Se trata de un porcentaje casi similar al aumento de los beneficios: en 2017 ganó 2.804 millones de euros, un 3,7% más que en el año precedente, y por encima de las previsiones de los analistas que lo situaban en 2.590 millones.

La compañía, que invertirá 32.000 millones entre 2018 y 2022, aprovechará además las oportunidades que surjan en el mercado. Más del 90% de la inversión la destinará a tres áreas: redes (el 50%), renovables (el 37%) y generación contratada en México (el 4%). Y prevé alcanzar un beneficio de entre 3.500 y 3.700 millones en el periodo.

Con estas inversiones, la energética prevé incrementar su potencia renovable un 24% respecto al cierre de 2017, hasta los 36.200 megavatios; y elevará su capacidad de almacenamiento aumentará, que pasará de los 80 gigavatios hora actuales a 100 al final del periodo (+25%).

El plan contempla medidas de ahorro por 1.000 millones de euros, que logrará a través de sinergías, digitalización y mejoras en áreas como compras, operación y control. Pondrá en marcha también un plan de rotación de activos -desinversiones- por importe de 3.000 millones de euros.

En la reunión con los analistas, Galán expresó su oposición a que las eléctricas paguen el desmantelamiento de las nucleares. Añadió que las empresas han pagado mucho dinero en las últimas décadas a Enresa para realizar esa labor.