A instancia del navarro Iñigo Cruz Alli, el presidente del Gobierno negó ante el pleno del Congreso que la afiliación a la Seguridad Social sea insuficiente para pagar las pensiones. Y aportó un dato revelador: «Si en 2011 por cada nuevo pensionista había tres cotizantes menos, en 2017 ha habido 97.000 pensionistas nuevos y 600.000 cotizantes más». ¿Quiere esto decir que Mariano Rajoy niega el déficit cabalgante del sistema, que este año alcanzará los 18.000 millones de euros, casi dos puntos del PIB? No, pero no le preocupa. ¿Quiere decir que va a realizar alguna propuesta para compensar vía impuestos a los beneficios bancarios ese desfase, como, coyunturalmente ha propuesto el PSOE? De ninguna manera. Su planteamiento es el del mercado, haciendo abstracción del mandato constitucional sobre el derecho social de los españoles a pensiones dignas. No importa si sus socios de UPN le advierten sobre la «incertidumbre» de los pensionistas, le explican que con un incremento del 0,25% pierden poder adquisitivo año tras año, le piden que la revalorización de las pagas vuelva a ser equivalente al IPC, le explican que el crecimiento del empleo es necesario pero «no suficiente» para pagar las pensiones por lo que ellos mismos saben (una reforma laboral que ha convertido a los trabajadores en la materia prima más barata y abundante que hay). A Rajoy solo le importa su propia supervivencia a corto y medio plazo. En vez de mirar al futuro se protege de las críticas con la vista clavada en el espejo retrovisor, como hizo el miércoles frente a sus propios socios del norte peninsular. A su famoso lema: «Gobernar es muy difícil», añadió otra frase lapidaria: «La responsabilidad de gobernar pasa por encima de muchas cosas». Por ejemplo, las pensiones.

Si el Gobierno se puede saltar la obligación constitucional de garantizar pensiones dignas a los que con una vida de trabajo han hecho que este país siga adelante pese al enorme coste de la corrupción (objetiva y subjetiva), la usura y sus derivados, a nadie puede sorprender que se salte la obligación de presentar el Presupuesto del Estado para 2018, por el que se interesó el líder de Podemos. Pablo Iglesias le recordó a Rajoy que el artículo 134 de la Constitución le obliga a presentar las cuentas del reino y solo si son rechazadas por el Parlamento contempla la prórroga del Presupuesto de 2017, no antes. Rajoy le contestó que no tiene el apoyo necesario para aprobar el Presupuesto, pero intentarán presentarlo y aprobarlo antes de que finalice junio. Iglesias, que ha presentado unas cuentas alternativas, le tildó de «ilegal», «tenemos un gobierno ilegal, son ustedes ilegales». Eso dijo. Y manifestó su impresión de que «se quieren escaquear» del Parlamento, lo cual ni es constitucional ni de recibo en unos señores «enfangados por la corrupción». El jefe del Gobierno le contestó que el Consejo de Ministros ya prorrogó el 19 de diciembre las cuentas del año pasado y aprobó un acuerdo para instrumentarlas. Lo importante, ademas, es que en junio de 2017 se aprobó el techo de gasto, de modo que si no fuera posible el acuerdo, no habrá consecuencias negativas para las administraciones y la economía. «He visto su iniciativa –añadió–, pero me dio la impresión de que son los presupuestos de un millonario. Eso ya ocurrió y el déficit se disparó hasta el 11%, con las pésimas consecuencias que conocemos, de modo que déjeme a mí hacer las cuentas y dedíquese a otra cosa».

En el asunto incidió el portavoz económico de C’s, José Manuel Villegas, quien reprochó a Cristóbal Montoro: «Ustedes pueden prorrogar por 150 años el Presupuesto si quieren, pero incumplen el 134 de la Constitución». El titular de Hacienda reprochó a C’s las nuevas condiciones para dar su apoyo, y Villegas, que cifró en 8.300 millones de euros la factura del pacto (rebaja del IRPF, equiparación salarial de policías y guardias civiles con los agentes autonómicos, etcétera), le replicó con los motivos que han llevado a su formación a distanciarse del Ejecutivo: «El cuponazo (en alusión al cupo vasco) y la protección de los corruptos». «Ustedes han aprobado el cuponazo, supongo que estarán satisfechos; cumplan y dejen de proteger a los imputados por corrupción». Eso le dijo. Así las cosas, al titular de Hacienda y Administraciones Públicas sólo le queda el asidero de la financiación autonómica, una materia sobre la que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente Rajoy negocian discretamente en La Moncloa, con más de un almuerzo incluido en este mes de febrero, según fuentes del PP y del PSOE.

La portavoz socialista, Margarita Robles, sacó los colores a Rajoy sobre el retroceso del país en Investigación y Tecnología. «Un país que no invierte en I+D está condenado al fracaso y al atraso», dijo antes de poner algunos datos sobre la mesa: el 1,19% del PIB frente al 2,3% de media de la UE, la pérdida de 27.000 puestos de trabajo en I+D, la fuga de más de 30.000 investigadores en los cinco últimos años. Rajoy sacó el espejo retrovisor para señalar que el retroceso comenzó en 2011, el último año de gobierno de Zapatero. Luego, la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, interpeló al ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ya se ha asegurado su futuro en el BCE, y ante la evidencia de que España no alcanzará el objetivo europeo del 3% del PIB en I+D en 2020, aceptó la propuesta de Guindos de llegar al menos al 2%, que era el porcentaje que habíamos alcanzado en 2008. Edificante.