Acciona, la empresa concesionaria de ATLL, no está dispuesta a que una eventual revocación definitiva de la concesión de ATLL (Aguas de Ter-Llobregat) pese sobre sus cuentas y su balance. En un hecho remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señala que reclamará al menos 308,8 millones de euros a la Generalitat de Catalunya si el proceso culmina con la pérdida del contrato.

La concesión fue «anulada» en los juzgados pero está pendiente aún de un recurso de la empresa, y otros de diversas partes afectadas, añade Acciona en un hecho relevante enviado al regulador de los mercados bursátiles.

El 21 de febrero el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anulaba la adjudicación realizada en 2012. Con esta decisión el Supremo ratificaba que la decisión que con concedió el concurso a la empresa controlada por la familia Entrecanales no era, en su opinión, válida.

Si bien, en esta maraña de batallas judiciales en la que la concesión se ha visto envuelta desde el inicio queda pendiente la anulación un recurso que presentaron Acciona y ATLL contra el fallo del TSJC, que también debe resolver el Supremo; así como un tercer recurso de la sociedad brasileña BTG Pactual, socia de Acciona en el concurso.

Los problemas judiciales comenzaron años atrás cuando el Gobierno de Artur Mas realizó la mayor privatización efectuada en la Administración catalana; concedió la gestión del agua a un consorcio liderado por Acciona, a lo que se opuso Aigues de Barcelona. La concesión se dio por un periodo de 50 años, a cambio de 1.000 millones (300 millones de pago directo y el resto, a través de un canon anual). Los ingresos obtenidos por la Generalitat sirvieron en su momento para hacer frente a las nóminas de los funcionarios.