El sindicato UGT y el Partido Socialista (PSOE) han lanzado hoy una doble ofensiva contra el sistema de revalorización que desde 2014 limita al 0,25% las subidas de las pensiones del sistema público. Por diferentes vías, las dos iniciativas pretenden explotar la minoría parlamentaria del Partido Popular, y lograr que las pensiones suban de nuevo al compás de los precios, como hacían antes de la reforma de 2013.

Por una parte, UGT ha recurrido hoy ante la Audiencia Nacional el real decreto que subió un 0,25% las pensiones el pasado mes de enero. La central, con este recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo, confía en lograr la nulidad, y obligar así al Ejecutivo a depender de la decisión del Congreso de los Diputados, donde el PP no goza de mayoría.

Paralelamente, el PSOE ha registrado hoy en el Congreso una proposición de ley que ordena subir las pensiones un 1,6%, en lugar del 0,25%, con efectos retroactivos desde el mes de enero, y con financiación mediante impuestos generales.

La ley ordena la actualización

El recurso de UGT se dirige contra el real decreto ley del pasado 29 de diciembre, mediante el cual el Ejecutivo ordenó subir las pensiones de 2018, y cuyo contenido, entiende el sindicato, se ha “extralimitado claramente”, al vulnerar el principio recogido en la ley, que ordena actualizar las pensiones.

Si se logra la nulidad, el sindicato confía en que el Ejecutivo se vea obligado a elaborar un nuevo decreto ley, que deberá convalidarse en el Parlamento. “Eso será una ocasión de que se corrija la tremenda discriminación”, aseguran desde la central, recordando la debilidad en el Congreso de los ‘populares’.

Proposición del PSOE

Paralelamente el Grupo Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con una subida de las pensiones del 1,6% para 2018.

Esta subida, equivalente a la inflación prevista en 2018, se financiaría según la propuesta socialista con cargo directo a impuestos generales, y no con las cotizaciones que pagan las empresas y los trabajadores a la Seguridad Social.

En caso de aprobarse, la propuesta socialista tendría efecto a partir del 1 de enero de 2018 para todas las pensiones públicas del sistema de Seguridad Social.

Si el IPC fuese superior al 1,6%, la proposición prevé además un pago único que salde en enero la diferencia.

Además, los socialistas piden al Gobierno que convoque la mesa de diálogo social, donde se sienta con empresarios y sindicatos, a fin de liberar a la Seguridad Social de los pagos que nada tienen que ver con las pensiones.

El PSOE elude indicar en su proposición las fuentes de financiación de la subida extra de las pensiones. Sin embargo anteriormente se ha decantado por lograr recursos mediante un impuesto a la banca y otro a las transacciones financieras.