El acuerdo está firmado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las otras nueve formaciones ‘chavistas’ por las que compite Maduro, por un lado, y por Avanzada Progresista (AP), el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), que apoyan a Falcón, por otro.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo es «llevar a cabo el proceso electoral con mayor tranquilidad y transparencia», según recoge la agencia de noticias oficial de Venezuela, AVN.

Además, como parte del acuerdo, las presidenciales se celebrarán al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias a nivel estatal y local, una propuesta que ya había lanzado Maduro, aunque pretendía incluir también la renovación de la Asamblea Nacional, que está prevista para 2021. A este respecto, el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, ha reconocido que «el periodo de la Asamblea Nacional está vigente», si bien ha justificado que la intención de Maduro era «revitalizar» el Parlamento -controlado por la MUD desde 2016- porque está paralizado. «Vayan a trabajar diputados», ha espetado.

Rodríguez ha detallado que entre las garantías electorales pactadas se contempla «una misión internacional amplia de acompañamiento electoral», así como auditorías técnicas, la reubicación de los centros electorales en sus lugares iniciales y la actualización del registro electoral. Interrogado sobre la composición de la misión internacional, el portavoz del Palacio de Miraflores ha invitado a «todos los que quieran venir» para que intervengan «en todas las fases del proceso electoral». El Gobierno ya ha solicitado el acompañamiento electoral del Caricom, UNASUR, la Unión Africana y Naciones Unidas, mientras que la oposición reclama la inclusión de la OEA y la UE.

Este acuerdo recoge algunas de las condiciones «no negociables» que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -coalición opositora- ha expuesto esta semana en una carta dirigida a Maduro para replantearse su participación en las elecciones presidenciales. Ha pedido acordar de forma conjunta una nueva fecha porque, aunque ha coincidido con el Gobierno en «la necesidad de adelantar la elección para presidente», debe haber «margen suficiente» para difundir los programas electorales, crear una misión de observación «adecuada» y actualizar y auditar el registro electoral. La oposición venezolana ha planteado igualmente «garantías electorales generales», como las auditorías técnicas, que los centros de votación vuelvan a sus ubicaciones originales, que los miembros de las mesas electorales no procedan solo de los partidos y que el voto se ejerza «sin ninguna coacción externa». El acuerdo recoge asimismo las demanda de que haya un acceso equilibrado a los medios de comunicación tanto públicos como privados y que Maduro suspenda las llamadas cadenas nacionales -discursos de obligada transmisión en directo- durante la campaña electoral, según ha comentado Lucena.

Sin embargo, lo pactado entre Maduro y Falcón no recoge la renovación del CNE que reclama la MUD -«es un hecho público y notorio tanto para la opinión pública nacional como para la internacional la parcialidad del árbitro electoral»- ni la retirada del veto impuesto por el CNE a la MUD y sus partidos.

Falcón se ha desmarcado de la Mesa de Unidad Democrática, que decidió no participar en las elecciones presidenciales por considerar que no hay garantías suficientes para que los resultados sean creíbles, y el pasado martes se inscribió como candidato en nombre de AP, MÁS y COPEI.

La ruptura se ha hecho aún más evidente en la rueda de prensa de este jueves, donde el secretario general de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, se ha deslindado completamente de la MUD, a la que ha definido como «un cuerpo colegiado confiscado por una parte». «Hace tiempo que dejó de existir», ha afirmado.

Falcón, ex gobernador de Lara, reveló el miércoles que el pasado fin de semana se habían producido algunos contactos con el Gobierno al margen de la MUD, los primeros desde que el mes pasado fracasó el diálogo iniciado en diciembre en República Dominicana para pactar las condiciones en las que debían celebrarse estas elecciones.

El plazo para registrar candidaturas expiró el martes pero el CNE accedió el miércoles a prorrogarlo 48 horas hasta este jueves. De momento, solo constan como aspirantes Maduro y Falcón, este último como gran rival opositor; Francisco Osorio y Luis Alejandro Ratti, como independientes; Reinaldo Quijada, por el partido Unidad Política Popular 89 (UPP89); y el pastor evangélico Javier Bertucci, en representación de la plataforma electoral Esperanza por el Cambio.

Rodríguez ha instado a la oposición venezolana a aprovechar esta nueva oportunidad y sumarse a la carrera por el Palacio de Miraflores, denunciando que «la única opción que buscan los que no quieren participar en elecciones es la violencia» y advirtiendo de que «serán derrotados».

Además, ha acusado directamente al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, de «presionar» a la MUD para que boicotee esta votación. «A (Henry) Ramos Allup le dijeron que no podía inscribirse. Esa es la verdad», ha dicho, en alusión al dirigente de Acción Democrática (AD), uno de los partidos que forman la coalición.