El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicará Bankia tras absorber BMN ha recibido 1.933 solicitudes de adhesión a horas de que concluya el plazo de inscripción, frente a las 1.585 plazas contempladas en éste. Son 348 peticiones más que bajas previstas, aunque en Andalucía, Baleares y Murcia, donde BMN cuenta con una gran presencia, el cupo de excedentes no se ha completado.

Andalucía ha recibido 188 solicitudes, frente a los 361 salidas proyectadas (el 52,1%), Baleares 173 de 250 (69,2%) y Murcia 219 de 278 (78,8%).

De no completarse la cuota antes de las 24,00 horas, Bankia ofrecerá a los trabajadores de estas comunidades movilidades geográficas hacia regiones donde hay sobredemanda, como, Madrid donde se han recibido 664 solicitudes para 330 plazas (el 201,2%) o la Comunidad Valenciana, con 381 peticiones sobre 192 excedentes (198,4%).

El ERE contempla 215 salidas voluntarias adicionales que Bankia puede conceder. De no aceptarse la movilidad geográfica, la entidad nacionalizada aplicará despidos forzosos con una indemnización de 30 días y un tope de 22 mensualidades.

El proceso de reestructuración contempla un máximo de 2.000 salidas voluntarias, de las que 1.587 son amortizaciones de puestos de trabajo, 198 excedencias y las 215 salidas voluntarias adicionales.

Están previstas prejubilaciones a partir de los 55 años (54 años en Andalucía, Murcia, Alicante y Baleares) con el 63% del salario bruto y una prima en función de la edad.

Las bajas incentivadas, por su parte, tendrán una indemnización de 30 días por año trabajado, con un límite de 22 meses, además de una prima de 2.000 euros por cada tres años de prestación de servicio.

En cuanto a la movilidad geográfica no aceptada por el trabajador, el acuerdo entre Bankia y los sindicatos contempla la misma indemnización que los menores de 55 años, sin primas. Por su parte, los empleados afectados por la movilidad geográfica recibirán una prima de entre 4.000 euros (de 51 a 100 kilómetros) y 16.500 euros si se trata de cambios entre las islas y la Península.

Además, la entidad y los sindicatos han fijado una ayuda por cambio de residencia de 12.000 euros, siempre que la distancia sea superior a 150 kilómetros.