En esta semana cuenta con una fecha clave en el futuro de las ofertas que Atlantia y ACS han realizado sobre Abertis. El jueves 8 de abril concluye el plazo para que los ministerios de Energía y Fomento opten, o no, por presentar una denuncia ante el Tribunal de lo contencioso administrativo contra la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de no paralizar la oferta pública de compra de acciones lanzada por Atlantia.

Medios consultados estiman que se va a imponer la posición más conciliadora que consiste en evitar alargar el proceso de toma de control de la empresa de autopistas con requerimientos ante los tribunales: es decir, no adentrarse en la vía judicial. Si bien el defensor de esa línea, el ministro de Economía, Luis de Guindos, está ya en la práctica fuera del Ejecutivo, mientras que uno de los candidatos a reemplazarle es Álvaro Nadal, titular de Energía, que ha liderado las medidas para que Atlantia aceptase que debía pedir autorización al Gobierno español para hacerse con las autopistas.

Otro factor que se une a este complejo escenario, por más que previsto, son los resultados de las elecciones en Italia. De momento hay un vacío de cara a posibles decisiones relacionadas con Atlantia (y otros intereses italianos en España), mientras que la posibilidad -aunque sea lejana- de que un partido anti-sistema llegue al poder, tampoco puede inclinar la balanza. Queda aún por cerrar la solución para que, sea quien sea el ganador de la batalla por la empresa de autopistas, segregue la compañía de satélites Hispasat.

En este contexto, el secretario de Estado de Infraestructuras y número dos del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar, ratificó este lunes 5 de marzo que el cambio de propiedad de una compañía gestora de concesiones de autopistas requiere, según la Ley de Concesiones y los pliegos de los contratos, la autorización del Gobierno.