Rebelión de los independentistas

07/03/2018

Josep M. Orta.

Cada vez son más las voces del mundo independentista que se rebelan por la forma que gestionan sus dirigentes su mayoría parlamentaria. Parece que una vez más se cumple la máxima que el mayor enemigo de un independentista es otro independentista, sobretodo si son dirigentes de partidos que piensan más en réditos electorales y en evitar las medidas judiciales que el resultado de las urnas

pretenden ganar en los despachos lo que perdieron en las urnas.Son muchos -y cada vez son más los que lo dicen en voz alta- que se sienten traicionados por las concesiones que están haciendo sus dirigentes con el objetivo de lograr dotar de un gobierno a la Generalitat. Las elecciones dieron el resultado que dieron y las medidas represivas de jueces o de dirigentes de este tripartito formado por PP, Ciudadanos y PSOE hace que muchos se pregunten ¿quienes son ellos para poner vetos a candidatos a presidir la Generalitat?

Las fuerzas unionistas celebran ingenuamente las pugnas entre las formaciones nacionalistas y están demostrando que para ganar esta crisis están dispuestos a perder muchas plumas, desde la credibilidad de una Constitución cada vez más cuestionada por muchos sectores, la dudosa división de poderes, el uso partidista de los altos tribunales de justicia empezando por el Tribunal Constitucional, y no digamos la credibilidad internacional, pasando por una represión difícilmente justificable. Así lo denuncian eminentes juristas aunque el Gobierno haga oídos sordos

Todos los recursos que están destinando a hurgar en la actuación de la Generalitat en el “procés” contrastan con la forma que resolvieron la llamada Operación Catalunya donde se vanagloriaban -entre otras cosas- de haberse cargado la sanidad catalana. Eso sí, los informes policiales gozan de presunción de credibilidad y muchos ya han condenado a los implicados actuales y los que lo puedan ser en el futuro. Basta oír lo que dice el ministro de Justicia.

Dirigentes del Gobierno y del PP ya avanzan que la situación excepcional que vive Catalunya con la aplicación del artículo 155 se puede prolongar si el nuevo presidente no es de su agrado. El Estado tiene la fuerza y está claro que la usa y está dispuesta a seguir utilizándola. Pero muchos catalanes defienden por dignidad que se aplique lo que votaron en las urnas y están dispuestos a defenderlo de una manera pacífica, como pacíficamente protestan cuatro días a la semana en las plazas de los ayuntamientos exigiendo la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Y cuando sus dirigentes flojean, se rebelan.

Ahora, una vez más, los jueces han de decidir si el candidato propuesto por el Parlament puede defender su investidura y si la logra si podrá ejercer el cargo (una vez que la inmunidad parlamentaria reconocida por la Constitución también ha sido ignorada por los jueces). O sea que las instituciones de Catalunya seguirán siendo tuteladas por el Gobierno central y el conflicto, lejos de encauzarse, se envenenará más.

El conflicto es político (es de las pocas cosas que reconocen todos) y la solución ha de ser política. Hace mal Madrid expulsando a unos dirigentes que representan casi a la mitad del electorado por que cuando tengan que negociar (y todos los conflictos acaban en una mesa de negociación) quizás no encuentren interlocutores que representen a estos más de dos millones de catalanes que sueñan con una república.

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