En política, como en todos los principios que conforman el ordenamiento social, hay cuestiones que deberían trascender el mero debate partidista para convertirse en cuestiones de Estado ante las que el compromiso de servicio a la comunidad y al Estado de Bienestar debería anteponerse a los egoísmos, ambiciones, mezquindades y electoralismos que, en estos últimos tiempos, adornan a estos nuevos apóstoles del populismo que han llegado a la política para medrar, colocarse y servirse de ella en lugar de para servir a quienes les eligieron y a la ciudadanía en general.

Y entre estos principios que debieran considerarse sacrosantos están las pensiones y los pensionistas. Un sistema y un colectivo social a los que los gobiernos y las instituciones europeas han maltratado con sus políticas de recortes, congelaciones o subidas de miseria en las prestaciones. Pero dicho esto, lo que resulta ahora sorprendente es la beligerancia con que los partidos de la llamada izquierda parlamentaria –por el nombre que no por sus planteamientos- están reivindicando equiparar la subida de las pensiones al IPC, con movilizaciones en la calle pero sin plantear una sola propuesta seria para la reforma del sistema y bloqueando los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo.

En el caso de Podemos se da por descontado. Sabido es que su táctica es aprovechar cualquier carencia o descontento para socavar el régimen de libertades. No les importan los pensionistas, como tampoco les importan las mujeres, los trabajadores en precario, la educación o la sanidad. Para ellos son meros instrumentos de acoso y derribo al sistema democrático. Poco hablan, mejor dicho nada, de las pensiones, los salarios o la condición de la mujer en esa Venezuela de Maduro que tanto admiran y a la que tanto han contribuido a construir.

Pero si resulta curiosa la intransigencia y la agitación del PSOE en la cuestión, sobre todo porque si recurrimos a la hemeroteca y a las cintas de vídeo y audio de los medios audiovisuales vemos como fue el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero quien aprobó, sólo con los votos socialistas y de los de la entonces Convergencia i Unión la reforma de las pensiones del año 2011, la más dura de las realizadas en España elevando la edad de jubilación a los 67 años y aumentando los años de cotización. Y que fue ese mismo gobierno socialista quien congeló las pensiones en los años 2010 y 2011. La única congelación habida para estas prestaciones en la historia de España hasta la fecha. Por cierto, que el ahora secretario general del Partido Socialista y entonces diputado, Pedro Sánchez, votó favorablemente a ambas medidas.

Claro que aquí, en este país, está demostrado que las mentiras no cuestan nada a los políticos, y que hoy pueden decir digo donde antes habían dicho Diego, sin ningún rubor y con la mayor desfachatez. Pero siempre ha sido más fácil para ellos, la demagogia, el populismo y la mentira que el trabajo y las propuestas.

Y aquí en cuestión de propuestas es donde se atragantan también el Gobierno y el PP. La mejor forma para garantizar las pensiones es crear empleo, repiten miméticamente como un mantra. Y es verdad, pero sólo a medias. Porque la mejor fórmula para la sostenibilidad de las pensiones es crear empleo estable y con salarios dignos. De hecho entre 2013 y 2016 hemos asistido a crecimientos del empleo en el entorno del 3 por ciento anual mientras que los ingresos por cotizaciones a la Seguridad lo hacían solo en algo más de la mitad, cuando llegaba.

La precariedad de los nuevos puestos de trabajo, con salarios bajos y trabajo temporal o a tiempo parcial fue la causa de que los ingresos de la Seguridad Social no mejoraran ni siquiera creando más de medio millón de empleos al año. Sin embargo esta ecuación ha cambiado en 2017 y por primera vez desde 2008 los ingresos por cotizaciones han crecido por encima de la afiliación o que el PIB nominal, coincidiendo con una recuperación de los salarios.

Esta y no otra es la vía más sencilla para acabar con el déficit de la Seguridad. Más empleo, pero también más estable y con mejores salarios. ¿Serán capaces de entenderlo o, lo que es todavía más difícil, de llegar a un acuerdo para ello?