Fácil respuesta tiene el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, a los grupos parlamentarios en el debate sobre las pensiones, fijado para el 14 de marzo. Si ustedes quieren una subida superior al 0,25% para los pensionistas solo tienen que apoyar los Presupuestos del Estado para este año. Si no los respaldan será porque les importa más el ruido que las nueces. Eso les dirá a socios y oponentes.

Haciendo abstracción de las iniciativas parlamentarias del PSOE y Podemos para subir la paga a los pensionistas de acuerdo con el aumento del coste de la vida, el gobernante endurecido en el oficio (entró a gobernar en 1996 y pasó por media docena de ministerios) es diestro en tortículis legales y sabe que en este caso nada impide incrementar las pensiones por encima del 0,25% fijado como mínimo en el nuevo índice de revalorización anual que se sacó de la manga en 2012, previo paripé de «grupo de expertos», incluido un felón sindical.

El inquilino de La Moncloa y su sagaz vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han vetado todas las iniciativas de la oposición sobre las pagas de los pensionistas. Su vigilancia en esta y otras materias se ha vuelto implacable. El veto previo ha impedido votaciones parlamentarias que habrían supuesto derrotas del PP y del Gobierno. Del gobierno dialogante que anunciaron hace quince meses pasaron, cumplido el trámite de investidura, al «vetante» que escarnece al Parlamento. Se les ve llegar en esos negros coches oficiales con brillo de insecto a la Carrera de San Jerónimo con la pedorreta puesta. Pedorreta constitucional, por supuesto.

Rajoy ha aceptado el debate de las pensiones porque cree tener varias bazas en la manga para ganar: el PSOE de ZP las congeló en 2011, nosotros las subimos el 0,25% y el 0,50% sin inflación, ahora las subiríamos también si nos ayudaran a aprobar el Presupuesto. Respecto al déficit del sistema de la Seguridad Social, la solución ha de ser compartida en el Pacto de Toledo y si la ministra Báñez y su subordinado al frente de la Seguridad Social, Tomás Burgos, no han planteado propuesta alguna, salvo cubrir con créditos anuales (10.000 millones en 2017) la diferencia entre ingresos y gastos una vez exprimido el fondo de reserva, es porque confían en el crecimiento del empleo y el aumento del número de cotizantes para recuperar el equilibrio financiero del sistema.

Aunque la precariedad rampante y creciente de la contratación y los efectos de la reforma laboral del PP impidan a los socios de UPN y de Ciudadanos creer, con las cifras en la mano, en la tradicional relación de causa efecto entre la afiliación y la recaudación por cotización, no podrá negar a Rajoy los laureles del crecimiento del empleo. Y ya puestos, tendrán que aceptar, como piadosos conservadores y excelentes liberales las fórmulas del mercado para remendar las insuficiencias del Estado que hasta ahora llamaban del bienestar o del sistema de solidaridad social.

¿Qué fórmulas son esas? ¿Qué nos depararán Rajoy, el PP y sus aliados de C’s, UPN, CC y el Foro Asturias? Puesto que no quieren ni oír hablar de la financiación del sistema con los impuestos directos e indirectos que el Estado nos cobra hasta por respirar, no queda otra solución que los fondos privados de pensiones, incluso, como propone el gobernador del Banco de España, la venta de la casa a dichos fondos. El término preferido de Rajoy va a ser el «complemento». Ojo con la palabreja porque a partir del 14 de marzo los «complementos de pensión» nos van a salir por las orejas.

La derecha política va a llevar al Pacto de Toledo la consagración de los sistemas privados de pensión para su desarrollo de forma complementaria a la Seguridad Social. En este sentido va a proponer medidas para avanzar hacia los «sistemas complementarios colectivos entre las empresas y los trabajadores». Va a proponer incentivos en la tributación de las empresas y los trabajadores (Sociedades e IRPF) que decidan en la negociación colectiva crear fondos de pensiones de empresa. La «Loreto» de Iberia, para entendernos. En vez de fortalecer el sistema público de Seguridad Social (artículo 44 de la Constitución), se disponen a minarlo definitivamente.

Rajoy anunciará desarrollos reglamentarios pendientes de normas en vigor para que podamos disponer anticipadamente del dinero de los planes de pensiones o primas superiores a diez años, reducción al 1,5% de la comisión máxima de gestión y depósito (habrá una tabla en función de la exposición a la renta variable del fondo de pensiones), actualización de las referencias a las inversiones de los fondos de pensiones según la ley de las entidades de capital-riesgo y otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, transposición de la Directiva UE 2016/2341 sobre las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo. El contenido de esa directiva que ha de aplicarse antes de 2019 se refiere a la externalización de la gestión, la figura del depositario y sus funciones de custodia y vigilancia, al régimen de información a los potenciales partícipes, a los partícipes, los beneficiarios y a la supervisión prudencial.

Aparte la implantación a medio plazo del modelo ultraliberal que rige en países tan avanzados como los Estados Unidos, México, Rusia y otros donde la libertad de morirse impecune es absoluta, otra vía reformadora que manejan el PP y C’s consiste en percibir una paga asistencial mínima y seguir trabajando. Actualmente, unos 25.000 jubilados cobran media pensión y siguen laborando. Por autonomías, los catalanes son campeones, con 9.261 jubilados que reciben el 50% de la paga y se mantienen en sus puestos de trabajo.