La crisis nos ha dejado un mercado laboral anclado en la precariedad. Una precariedad que tiene que ver con el abuso de la contratación temporal, el libertinaje en los contratos de corta duración, por días y hasta por horas, o el desorden de los contratos a tiempo parcial, por poner algunos ejemplos. Las mujeres y los jóvenes son víctimas propiciatorias de estos desmanes empresariales.

De los 21´5 millones de contratos firmados a lo largo de 2017 más del 90 por ciento fueron temporales y tan sólo el 9 por ciento indefinidos. Pero si entramos más al detalle, podemos comprobar que los contratos a tiempo parcial, que permiten jugar impunemente con la jornada laboral, escamoteando el pago de horas extraordinarias, o fijándolas a la carta, han supuesto el 36 por ciento del total. Hasta el punto de que sólo el 5 por ciento de los contratos han sido indefinidos a tiempo completo y de que, de cada cien contratos, 32 son temporales y además a tiempo parcial. El colmo de la precariedad.

Casi un tercio de todos los contratos temporales firmados son de una duración inferior a una semana y no llega al 0´5 por ciento el número de contratos temporales que duran más de un año. Una de las consecuencias es que el gobierno puede presumir de que hay más contratos que nunca, aunque haya menos empleos que antes de la crisis y antes de la reforma laboral de 2012. La Reforma Laboral del PP ha destrozado de forma programada la estabilidad del mercado laboral.

Ha llegado el nuevo año y seguimos por la misma senda. O tal vez peor, si tomamos en cuenta que los contratos a tiempo parcial suponen ya el 40 por ciento. Quienes consiguen trabajar con contratos temporales se han visto obligados, como media, a firmar 5´6 contratos para poder trabajar todo el año.

Pero es que, incluso firmar un contrato indefinido, de esos escasos, casi como especie a extinguir, no es garantía de estabilidad. Un tercio de los que consiguieron firmar este tipo de contrato, durante 2017, ya no conservan el trabajo y han sido despedidos. En línea con lo que propugna Ciudadanos, si el contrato indefinido, fijo y estable se convierte en temporal ya no hay problemas  con las definiciones. Lo temporal es la máxima estabilidad a la que cada persona puede aspirar, como horizonte vital.

En definitiva, la crisis hizo perder empleo y el paro fue la justificación perfecta para imponer una reforma laboral. Gracias a ella el riesgo que implica, para cualquier empresario, crear un  puesto de trabajo, es ahora asumido por los trabajadores y trabajadoras. Los problemas empresariales de cualquier naturaleza, incluidas las decisiones desacertadas, son directamente pagadas por quienes trabajan en la empresa, que pueden ser despedidos con facilidad y de forma barata.

Podría el gobierno de Mariano Rajoy haber aprovechado la crisis para reconstruir un modelo productivo obsoleto y basado en el pelotazo inmobiliario de las grandes constructoras, promotoras y entidades financieras. Podría haber apostado por nuevos sectores emergentes y que exigen aumentos de la productividad, sustentada en inversiones e innovación. Pero no. Para qué, si pueden obtener altos beneficios y hasta aumentos ficticios de la productividad, a base de rebajar salarios, facilitar despidos y precarizar el empleo, en actividades económicas que aportan poco valor añadido.

Si podemos hacer que vuelva la fiesta del pelotazo y la burbuja, aunque sea pan para hoy y hambre para mañana, aunque signifique que capas enteras de la población sean condenadas a la pobreza, la precariedad, el paro, la desprotección social, siempre habrá un Mariano bien dispuesto a no tirar la toalla, por lo menos hasta que el recambio que se ha ido preparando esté en condiciones de tomar el relevo. Y, entonces, al mejor estilo del Gatopardo, Que todo cambie, para que todo siga igual.