Más de un centenar de protestas están convocadas este sábado en contra de la última reforma de las pensiones y sus efectos sobre el poder adquisitivo de los pensionistas, informan sus convocantes, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO).

Las marchas – a las 11 de la mañana en Madrid y Valencia; a las 10:30 en Barcelona; por la tarde, en Bilbao – intentan aumentar la presión sobre Rajoy, presidente del Gobierno, que esta semana condicionó algunas mejoras en pensiones a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018; bloqueados por su minoría en el Congreso.

En Madrid, la manifestación partirá a las 11:00 h de la Puerta del Sol y recorrerá las calles de la capital, hasta llegara a la plaza del Museo Reina Sofía. Mientras, en Barcelona, la marcha partirá a las 10:30 h de la plaza de Urquinaona para llegar hasta la plaza de Sam Jaume.

En Valencia, la manifestación arrancará a las 11:00 h de la plaza del Ayuntamiento, y finalizará frente a la Delegación del Gobierno. En Bilbao, la protesta se ha convocado a las 17:00 h, desde el Ayuntamiento hasta la plaza del Sagrado Corazón. Mientras que en Sevilla, la manifestación partirá al mediodía desde la plaza Nueva.

Derogación de la reforma

Las manifestaciones del sábado, que suceden a las exitosas protestas que hace quince días rodearon el Congreso y lograron reunir a miles de jubilados en diversas ciudades de España, pretenden eliminar la última reforma de las pensiones, que cambió el mecanismo de revalorización anual de estas prestaciones – sustituyendo al IPC – y mantiene estas prestaciones cuasicongeladas.

La vuelta de la inflación, después de años desaparecida, o incluso negativa, y sobre todo la proximidad de la entrada en vigor de la segunda parte de la reforma – el llamado factor de sostenibilidad – han levantado los ánimos de los jubilados españoles, llamados a manifestarse este sábado una vez más.

“No se puede consentir que el Gobierno siga empobreciendo a los pensionistas, que pierden poder adquisitivo, cuando la economía crece al 3% y los precios se sitúan en el 1,1%, mientras a ellos les suben la pensión un 0,25%”, claman desde los sindicatos.

Ambas organizaciones exigen que se afronten soluciones “urgentes”, que deroguen por un lado la última reforma del sistema público de pensiones, y que se garantice por otro, su viabilidad y suficiencia.

Esta reforma, aprobada sin consenso por el PP en 2013, sustituyó la antigua fórmula de revalorización conforme al IPC por un nuevo índice de revalorización, que tiene en cuenta para calcular las subidas múltiples variables, como el estado de las cuentas públicas, el avance de la economía o la marcha del empleo.

Además la reforma del 13 introdujo un segundo factor de sostenibilidad, cuyos efectos comenzarán a sentirse en 2019. Este factor, llamado a contener el gasto en pensiones, fija la pensión inicial de los nuevos jubilados en función de la esperanza de vida, normalmente mayor cada año.

Según algunas estimaciones, el factor de sostenibilidad rebajará un 0,5% las pensiones iniciales en 2019 – unos 75 euros al año, para una pensión media –; una rebaja que tendrá carácter acumulativo, y se revisará cada cinco años.

Financiar con impuestos

Los sindicatos convocantes de las protestas han presentado algunas propuestas para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas y la viabilidad del sistema de pensiones.

En primer lugar, UGT y CCOO reclaman que las pensiones se financien con impuestos, y no solo con cotizaciones. También piden acabar con las bonificaciones, un ahorro en costes a los empresarios en cotizaciones, demasiado generalizado en la actualidad, critican.

Otra reclamación tiene que ver con los gastos de funcionamiento del ente pagador de las pensiones, la Seguridad Social, que ahora se financia con cargo a cotizaciones, y no con impuestos, como el resto de administraciones del Estado.

Por último recomiendan los sindicatos destopar las bases de cotización, de tal modo que los salarios más altos coticen a la Seguridad Social por toda su cuantía, y no solo por los primeros 3.750 euros, como hasta ahora; una solución que implicaría sin embargo destopar la pensión máxima, ahora establecida en unos 2.500 euros brutos mensuales.