Un Estado oscurantista

21/03/2018

Luis Díez.

Hace año y medio, cuando el PNV presentó una proposición de ley de Secretos Oficiales que contemplaba la desclasificación de las materias secretas al cabo de 25 años, sus señorías del PP se sorprendieron de que el Grupo Vasco gastara su cupo de proyectos legislativos en un asunto de escasa importancia para la vida de la gente. El ponente Mikel Legarda les contestó que un Estado democrático no se puede sustentar en el oscurantismo per omnia secula. Año y medio después, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha preguntado al presidente del Gobierno por qué su grupo mantiene bloqueada la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, y el presidente le ha contestado que el Ejecutivo no es responsable del bloqueo, pues sólo veta aquellas materias que suponen aumento del gasto público, y este no es el caso. Otra cosa es que la Mesa del Congreso, donde mandan el PP y C’s, haya dilatado casi indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas y, consiguientemente, la tramitación de la nueva ley.

Vale suponer una maliciosa intención al ardid: que la legislatura termine sin que la nueva ley se apruebe, en cuyo caso, decae y ya veremos si se la presentan de nuevo y seguimos jugando al parchís para que en el Reino de España (que no es Uganda, según Rajoy) no se desclasifique una sola decisión gubernamental ni de los cuarenta años de dictadura ni de los cuarenta que llevamos de democracia. Comoquiera que el filibusterismo parlamentario de las derechas con mayoría relativa empezaba a ser un escándalo clamoroso, finalmente el PP, C’s y el PSOE han aportado sus enmiendas.

El vasco Esteban se queja de que el PP haya planteado un texto alternativo al proyecto y una sucesión de enmiendas que permiten al Gobierno desclasificar lo que le venga en gana, es decir, mantener el manto de la oscuridad sobre aquellas materias que estime que suponen o pueden suponer «riesgo para la seguridad o la integridad de las personas». El Ejecutivo puede además prorrogar por 25 años el secreto, de modo que si la ley llegara a entrar en vigor tardaríamos 50 años más en conocer decisiones como la exportación y venta de armas de destrucción indiscriminada (minas antipersonas y bombas de racimo), órdenes de atacar a los terroristas en su madriguera (la guerra sucia contra ETA) y toda una ristra de desvaríos económicos y financieros para enriquecer a algunos a costa del común.

Con solo considerar los créditos para armamento y los porcentajes de determinados intermediarios (brokers les llaman) y honorables hombres de negocios palidecerían corruptos tan famosos como Pujol, Ferrusola y su prole. Con solo conocer el manejo de las cuentas españolas en el Federal Financing Bank de Estados Unidos por el alquiler de las Bases Militares nos provocaría hilaridad la compra de los generales de Franco por parte de Churchill y su bien mandado Samuel Eden. Hay muchas más razones para que los titulares del poder, propietarios de la historia sigan aplicando al noble pueblo español la política del champiñón, esa que consiste en mantenernos a oscuras y darnos mierda.

Pero, como antes señalaba, la ley ha comenzado a tramitarse en el Congreso y habrá que estar atentos a los fundamentos que aduzcan no sólo el PP, sino también el PSOE y C’s para que nada grave de lo ocurrido pueda ser conocido antes de 2040 (según C’s) ni antes de 2030 (según el PSOE). Y eso sí, puesto que la norma se va a tramitar, las derechas quieren aprovechar la oportunidad para que el Gobierno pueda clasificar como secreto de Estado cualquier asunto sin especificar de qué se trata. La competencia clasificadora sigue siendo del Consejo de Ministros. Y lo que ya clama al cielo (por escandaloso) es que el secreto pueda ser «sobrevenido».

En su respuesta a Esteban dijo Rajoy que «hay que hilar fino» y estimó «fundamental» el consenso, es decir, el acuerdo de todos los grupos parlamentarios porque la desclasificiación afecta a la defensa y la seguridad del Estado. Nadie niega que así sea. Pero ¿qué defensa ni qué seguridad del Estado quedaría afectada si, por ejemplo, los españoles conociéramos de una vez por todas el negocio de los fosfatos del Sahara a raíz de la entrega de la provincia española a la administración marroquí cuando el dictador del Pardo la estaba diñando? Con una carga de 30.000 millones de euros en grandes programas de armamento a pagar hasta 2030, ¿afectaría a la seguridad del Reino que supiéramos para qué sirven los carros de combate Leopard, un arma de ocupación, que no conseguimos vender ni a Arabia Saudita? ¿Quiénes y cuantos se forraron en esa operación?

Hay una pregunta que ni la prensa española, tan doméstica como precaria, ni el duopolio televisivo dominante jamás hace al ministro portavoz del Gobierno cuando comparece los viernes a dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Ministros. Es una pregunta de fácil formulación: «¿Cuántos asuntos ha clasificado hoy como secretos de Estado el Consejo de Ministros?» Tampoco las decisiones al respecto aparecen en la referencia oficial. Un Estado «oscurantista» como el que soportamos ni siquiera permite que la historia tenga la palabra. ¿Por qué?

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