En la comunicación para este debate que se celebrará la próxima semana asegura que  en esta última parte de la legislatura piensa centrarse en «la culminación del ambicioso proceso de reformas emprendido» lo que supone «desde la adopción de nuevas iniciativas para completar dicho proceso, hasta la aprobación definitiva de diversas leyes pendientes de tramitación, pasando por el desarrollo reglamentario y aplicación de las ya vigentes».

Ejecutar sin interrupción la reducción del déficit

El Ejecutivo señala que también resulta “indispensable seguir ejecutando sin interrupción, al ritmo y de acuerdo con los compromisos asumidos, el programa de reducción del déficit público», que para el año 2011 tiene como objetivo el 6% del PIB, «lo que supone rebajar ese déficit en 32.000 millones adicionales». «Para lograrlo, será necesario asegurar el concurso activo de todas las administraciones, dado el alto grado de descentralización fiscal de España», indica.

«Para todo ello, el Gobierno solicitará en el Debate sobre el estado de la nación la colaboración de los diversos Grupos parlamentarios con sus aportaciones o sus alternativas, y se mostrará receptivo y abierto a las mismas, especialmente en relación con la que constituye nuestra principal preocupación -que lo es de toda la sociedad española-, la lucha contra el paro», añade.

Paro inasumible

En su balance del año, el Gobierno reconoce que todo ha estado «marcado decisivamente por la crisis económica». «Y si bien es cierto que, durante este tiempo, se ha confirmado el tránsito de la recesión a la recuperación, esta evolución favorable del crecimiento, aún demasiado lenta, no ha producido el efecto deseable en la reducción del desempleo, que permanece en tasas inasumiblemente altas”.

A su juicio, el contexto europeo «ha seguido teñido por la incertidumbre vivida en el mercado de las deudas soberanas, avivada con el rescate, primero, de Irlanda y después de Portugal, y con las dudas sobre la capacidad de Grecia de atender sus obligaciones financieras con el programa de ayudas aprobado».

«La acción del Gobierno ha seguido volcada en la lucha contra la crisis, para consolidar e impulsar la recuperación, y para situar a nuestro país en una senda de crecimiento sostenible capaz de volver a crear empleo –explica–. La actuación del Ejecutivo ha estado permanentemente guiada por el triple objetivo de aplicar el riguroso programa de consolidación fiscal que nos lleve a reducir el déficit público de acuerdo con el ritmo preciso, completar todas las reformas modernizadoras previstas para acelerar el necesario cambio de nuestro modelo productivo, y todo ello preservando la cohesión social», considera

El Ejecutivo destaca la reducción del déficit público en más de 19.000 millones de euros hasta el 9,2% del PIB, para lo cual hubo que presentar un presupuesto muy restrictivo, con una reducción global del gasto del 7,9%.

En su documento, el Gobierno aprovecha para repasar algunas de las reformas emprendidas en los últimos doce meses, como la Reforma Laboral, las Políticas Activas de empleo y la negociación colectiva, el proyecto de ley de las pensiones, el Plan de Reforzamiento del Sector Financiero, el Plan Integral de Política Industrial y la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Política social

También destaca la política social que, «en el muy restrictivo contexto presupuestario actual, el gasto social ha alcanzado el 58% del gasto público total en los Presupuestos de 2011, se ha reforzado la cobertura a las personas en situación de desempleo, con nuevas prestaciones, se ha incrementado el gasto en becas y se ha dado cumplimiento al calendario de la Ley de Dependencia».

También se refiere a las leyes de derechos y deberes para los miembros de las fuerzas armadas, el proyecto de ley integral de igualdad de trato,  la adecuación de la normativa española a la Convención internacional sobre personas con discapacidad, la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida y las reformas en materia de Justicia.

En materia de política antiterrorista, el Gobierno asegura haber mantenido su estrategia de lucha contra el terrorismo, «tanto mediante la eficaz actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como mediante la colaboración internacional y la adopción de una reforma legal que persigue evitar cualquier posibilidad de burlar la exclusión de la vida institucional de aquellas organizaciones que no rechacen la violencia».

«De acuerdo, siempre, con la Constitución y las leyes, y las decisiones de los tribunales en aplicación de ambas, el Gobierno permanece fiel a esta línea de actuación, para la que espera seguir contando con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas de las Cámara; como, igualmente, para la aprobación de la Ley de reconocimiento y protección a las víctimas, que se encuentra en tramitación ante la misma», termina