Central nuclear de Trillo

El comité de expertos encargado de realizar el informe que será la base de la nueva ley de cambio climático y transición energética ha concluido su trabajo, que pasará hoy de forma oficial a manos del Gobierno. Con más concreción: será entregado al titular de Energía, Álvaro Nadal. El documento de casi 500 páginas aborda los temas relacionados con la política energética, incluidos aspectos relacionados con la planificación y la fiscalidad, pero en general sobre la base de la repercusión de las diferentes actividades energéticas en la sostenibilidad de los sistemas y el medio ambiente.

Dado que el comité está formado por 14 técnicos que han sido elegidos por el Gobierno, partidos políticos, patronal y sindicatos, las conclusiones unánimes no han sido posibles. No obstante, el texto ha sido ratificado por once expertos, con tres abstenciones y con votos particulares. Si bien la potestad para desarrollar la ley que intentará combatir los detonantes del cambio climático reside en el Parlamento, este informe se espera que sea una base para las propuestas y decisiones posteriores.

Una cuestión que se aborda, básicamente desde la perspectiva de la reducción de las emisiones de C02, es el futuro de la generación eléctrica. Se trata de un tema que forma parte desde hace meses de las divergencias existentes entre el titular del Ministerio de Energía y las compañías eléctricas, aunque entre éstas el grado de oposición a las tesis de Nadal es diferente.

Hay matices que parten de los representantes de PSOE y Podemos, pero un tema que sugieren las conclusiones básicas ha sido asumido en los últimos años por expertos de distintas ideologías: para cumplir con el Protocolo de Kioto no se pueden cerrar de forma acelerada las centrales nucleares. Así, el informe que recibe Nadal (en el que el Gobierno tiene representantes) plantea un escenario en el que esas centrales estarán en activo al menos en 2030. Aspecto que obligaría al alargamiento de la vida útil de las citadas plantas (ahora en 40 años), con el fin además de evitar un eventual encarecimiento de los precios de generación.

El estudio aborda el tema de la financiación de los residuos nucleares, reconoce los problemas del fondo que gestiona Enresa (empresa pública encargada de sus tratamiento) con la tasa que pagan las empresas titulares de instalaciones de generación, con lo que «existirá un desequilibrio entre ingresos y gastos que desaparecería simplemente alargando la vida de las centrales a 50 años». En este contexto, la comisión de expertos propone que el Gobierno revise el Plan General de Residuos Radioactivos para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos.

Esas medidas son compatibles, a juicio de los expertos, con otras decisiones en esta materia, que se perciben además como imprescindibles: entre ellas el apoyo a las tecnologías renovables, como la fotovoltaica, al tiempo que el fin del carbón.

En el tema de la fiscalidad se plantea una cuestión tajante: que quien contamine pague, y se advierte que es además un aspecto básico para cumplir con los objetivos comprometidos con la UE en materia de cambio climático. Si ese es un principio a aplicar en toda actividad energética, se específica que se podría producir «un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7% para el consumidor doméstico) y un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo; especialmente, del gasóleo (28,6%).

El capítulo fiscal se completa con otra propuesta: retirar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables que se repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo).