Un año más, el Gobierno recurrirá al fondo de reserva de la Seguridad Social a fin de poder pagar las pensiones. En 2018, el Ejecutivo extraerá 3.826 millones de euros de este fondo, que se nutre de las aportaciones sobrantes en época de bonanza y que llegó a acumular más de 67.000 millones de euros, según fuentes del Gobierno que cita Europa Press.

Sin embargo, la nueva extracción, que reducirá a poco más de 4.000 millones el contenido de la llamada ‘hucha de las pensiones’, no bastará para satisfacer la nómina de los pensionistas.

Además el Gobierno tendrá que recurrir a un crédito de 15.164 millones de euros, consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), presentados ayer en las Cortes. Una cifra que eleva casi un 50% el importe del crédito en relación a lo presupuestado el año pasado. Aunque el Ejecutivo afirma que no agotará en su totalidad el importe de ese crédito, informan en estas fuentes.

Completar la separación de fuentes

El Ejecutivo ha tendido la mano a la oposición a fin de cerrar esta primavera un acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo, que vela por el funcionamiento del sistema de pensiones. El Ejecutivo ofrece a la oposición ahondar en la separación de fuentes de financiación; es decir liberar a la Seguridad Social del pago de prestaciones, como maternidad y paternidad, y dejar que los Presupuestos sean la fuente de financiación de esas prestaciones y de otras ayudas, como las polémicas reducciones de cuotas a la Seguridad Social.

En 2017 la Seguridad Social tuvo que hacer frente al pago de 1.690 millones de euros en concepto de reducción de cotizaciones a los empresarios. Una cantidad que este año se reducirá a 1.500 millones de euros, según prevén las cuentas del Estado.

La idea del Ejecutivo es que la reducción de cuotas a los empresarios se transforme paulatinamente en bonificaciones, y pasen así a ser financiadas mediante impuestos, y no con las cotizaciones a la Seguridad Social.

De este modo, argumenta el Gobierno, se conseguiría así un doble efecto. Por un lado, sanear las cuentas de la Seguridad Social; y, por otro, conseguir que las pensiones suban cada año más, y no el escueto 0,25% del pasado mes de enero.

El argumento se fundamenta en el funcionamiento de la fórmula actual de revalorización de las pensiones. Un mecanismo que condiciona una mayor subida de estas prestaciones al estado de salud de su pagador, la Seguridad Social.

Así pues, si se excluyen estos gastos indebidos del presupuesto de la Seguridad Social, las pensiones podrán crecer más allá de su suelo actual – ese 0,25% –, y volar incluso hasta un techo equivalente al IPC, más un 0,5%, tal y como prevé el renovado mecanismo de actualización.

Subidas en pensiones mínimas

En tanto llega ese pacto, el Gobierno Rajoy ha incluido en su proyecto de ley de Presupuestos algunas medidas que benefician a los pensionistas que menos cobran. De este modo, si las cuentas salen adelante –algo difícil, por el momento–, la ley prevé que las pensiones mínimas se incrementen un 3% desde el pasado mes de enero; esto es, con efectos retroactivos.

Además las pensiones contributivas inferiores a 9.800 euros subirán un 1,5%. Y los que cobren menos de 12.040 euros anuales verán revalorizadas sus pensiones un 1%.

Por otro lado, las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años sin otra fuente de ingresos, distinta de su pensión, cobrarán una mayor cuantía al elevarse dos puntos la base reguladora con que se calcula la prestación, desde el 52% al 54%.

Esto supondrá unos 450 euros más al año de media para medio millón de perceptores de pensiones de viudedad; unos 250 euros más al año para 2,4 millones de pensionistas con una prestación mínima, y 100 euros más para, por un lado, los 2,4 millones de pensionistas que cobran menos de 9.800 euros brutos al año, y por otro para quienes cobran entre 9.800 y 12.040 euros.

Según el Gobierno, estas medidas beneficiarán a más de 5,7 millones de pensionistas y tendrán un coste cercano a los 1.100 millones de euros.

Con ello, el gasto total en pensiones rondará los 145.000 millones de euros, casi 5.200 millones más de lo presupuestado en 2017, debido al mayor número de pensionistas, a la revalorización del 0,25% de enero, y a la elevación de la pensión media.