Con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, depositados por el profesor Montoro el 3 de abril en el Congreso y la inactividad plenaria que ha permitido a la presidenta Pastor viajar a Monzambique al frente de una delegación, el interés político se trasladó a la Asamblea de Madrid, donde la presidenta autonómica y exdelegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, exhibió un certificado de la Universidad Rey Juan Carlos (esta vez con sello oficial porque las pólizas ya no se llevan) sobre su famoso máster. Cifuentes reconoció que el Máster en Derecho Administrativo Autonómico y Municipal no era el título de su vida. Lógico. Después de todo lo ocurrido en torno a su carrera académica, podía haberse ahorrado la matrícula (1.586,39 euros) y la moción de censura que el PSOE y Podemos le han plantificado. Pero quedaba bonito en su biografía oficial. Lucir una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense le parecía poco. Y vela ahí buscando en el cuarto oscuro un trabajo de fin de máster, ese TFM que no aparece y cuya nota, junto con la de otra asignatura, se traspapeló y fue puesta dos años después para subsanar el «no presentado». Y he ahí también a la mencionada Universidad, obligada por ley a archivar los trabajos y evidencias de los alumnos, revolviendo Roma con Santiago a ver si encuentran (seis años después) ese trabajo de la estudiante Cifuentes.

Es comprensible que a una delegada del Gobierno en Madrid le hicieran favores tales como la dispensa de asistir a clase, de tener que examinarse como los demás alumnos, y de aportar las evidencias sobre su dominio de las doce asignaturas cursadas con indudable brillantez, dada la nota media de 7,4 (notable). Se comprende también que el tribunal calificador fuera formado de aquella manera, sin ningún profesor de otra Universidad, como ordena la ley y está reglamentado. Incluso se puede asumir que las firmas de la certificación del máster hubieran sido falsificadas. La comisión investigadora creada para el caso en la Rey Juan Carlos tendrá que aclarar lo ocurrido (si puede y quiere) y ofrecer algún asidero a la estudiosa Cifuentes.

Se puede convivir con la mentira hasta el olvido. En el caso de esta dirigente política encontramos además bastantes padrinos y puertas traseras desde que se matriculó en Derecho, se afilió a Alianza Popular, apoyó la candidatura de Gustavo Villapalos al decanato de la Facultad como miembro del claustro en representación de la junta de alumnos, participó después en su campaña para ganar el Rectorado de la Computense, ingresó poco después (1990) en la Administración de la Complutense como funcionaria de segundo nivel (Grupoo B), ascendió a la escala superior (Grupo A) en unas «oposiciones restringidas» en las que estaban sus amigos personales, incluso íntimos, Dionisio Ramos y José Francisco Otero, de presidente y primer vocal, respectivamente, del tribunal calificador. Cuando Ramos se casó, Cristina acudió a la boda, no sólo como invitada, sino como firmante del enlace en calidad de testiga, igual que el también estrecho amigo Otero, al que, ya como presidenta autonómica de Madrid en 2015, nombró director del Boletín Oficial (BOCM) con rango de director general. Los favores se pagan y es de bien nacida ser agradecida. Las prestaciones de una funcionaria del Cuerpo Técnico Superior, como a ella le gusta decir en su biografía aunque dicho cuerpo no se llame de esa manera, son muy superiores en sueldo y rango a las de una funcionaria meramente administrativa del Grupo B.

Llama la atención que siendo Cifuentes una funcionaria superior del cuerpo técnico de la Universidad Complutense desde 2001 no conociera la normativa específica de los estudios superiores y aceptara el cúmulo de trampas y excepciones con ella para obtener el máster de la Universidad pública Rey Juan Carlos. Si las normas que aplicaba a los demás no existían para ella, ¿qué fiabilidad podemos concederle como funcionaria neutral, proba y rigurosa? ¿Dónde queda el principio de igualdad de oportunidades que constitucionalmente ha de regir la función pública? ¿No quedamos en que los funcionarios no pueden aceptar favores? ¿Honra o desprestigia Cifuentes a sus colegas? No es menester repetir que quien miente en lo poco puede mentir en lo mucho, pues los malos políticos lo saben por la naturaleza de su oficio. Ya Platón distinguía entre la buena política, la que apela a la cabeza e invita al pueblo a pensar, y la mala política, la de aquella legión de sinvergüenzas que usan y abusan de la cosmética y la pastelería para agradar y que todo parezca dulce y apetitoso.

Probablemente la presidenta madrileña no encuentre motivos para dimitir por un máster que, de momento, ha marcado la diferencia entre ella y los demás alumnos, hijos de esforzadas familias que conocen el coste de la educación, y seguramente tampoco la moción de censura prospere porque Ciudadanos mantenga su apoyo a Cifuentes con el ardid de la creación de una comisión investigadora, pero ciertamente, para tildar de «oportunistas, enredadores, doctrinarios y nefastos» a los portavoces de Podemos, el PSOE y C’s, no era necesario obtener un máster. Para calificar reiteradamente a C’s de «alfombra naranja» de los socialistas en Andalucía, tampoco necesitaba el maldito máster. Y para aplicar con mano de hierro la «ley mordaza», multando a periodistas y estudiantes, mucho menos.