Cuando Manuel Azaña presidía el gobierno de la República y en Catalunya regía el recortado Estatut de Núria, un diputado de ERC reclamó en el Congreso mayores competencias para Cataluña. El presidente republicano le replicó “Esto que me pide no se lo concederemos nunca, nunca, nunca” y tras una pausa añadió “y su señoría sabe que en política nunca quiere decir por lo menos hasta septiembre”.

Viene esta anécdota a cuento ante la esperpéntica reacción ante la previsible decisión de la justicia alemana de no contemplar la extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión. Ya habían advertido más de un centenar de catedráticos de derecho constitucional y otros juristas de las licencias que se tomaba el juez Llarena en sus resoluciones y, sobretodo, en su forzada interpretación del uso de la violencia, pero en España nadie los quiso escuchar.

Cuando el presidente de la Generalitat fue detenido en Alemania muchos lo celebraron dando por supuesto que pronto verían aterrizar en Barajas a un Puigdemont esposado apelando a las buenas relaciones (o sea Merkel ordena y Rajoy obedece) entre los dos países menospreciando el papel de la justicia alemana.

Pero la decisión del tribunal de Schlenwig-Holstein no sólo ha dejado en ridículo a muchos si no que también la indignación que les ha provocado que se olvidaran de aquellas elocuentes frases que señalaban que las decisiones judiciales se acatan y estos días vemos como se cuestiona la hasta hace poco sacralizada división de poderes y la independencia judicial. Y esto no sólo lo han hecho tertulianos si no altos cargos del Gobierno y significados representantes de los partidos constitucionalistas.

Oyendo a miembros del Gobierno parece que han convertido en razón de estado la condena de los políticos catalanes encausados. La presunción de inocencia brilla por su ausencia así como la vulneración de sus derechos como diputados. El domingo fue Rajoy quien auguró “Jordi Sánchez tampoco será presidente” atribuyéndose una vez más una decisión que teóricamente es judicial. No tienen en cuenta que las imputaciones que el juez Llarena hace a los políticos catalanes son, para muchos, algo más que discutibles y será un tribunal quien habrá de validar el relato del fiscal o el de la defensa. Además a nadie escapa que el proceso será analizado con lupa tanto en España como en muchos países del mundo.

Es más, miembros del Ejecutivo auguraron en la convención de los populares en Sevilla que mientras Rajoy presida el Gobierno no dialogarán “nunca” con Puigdemont. Como los conflictos en países civilizados acostumbran a acabar en una mesa de negociación. En otros países el final es una guerra civil. Esperemos que cuando Rajoy promete no hablar “nunca” con los encausados lo haga en el mismo sentido que lo hacía Azaña.