La ministra de Salud, Dolors Montserrat, y el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

La inserción laboral de personas con algún tipo de discapacidad ha tenido tradicionalmente un muro más alto y duro en el sector de la industria. Para derribarlo, COCEMFE Barcelona, Obra Social La Caixa y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona se han unido para impulsar el denominado ‘Punto Incorpora’, un nuevo servicio que prevé incorporar en el mercado laboral ordinario a entre 40 y 60 personas por año en las empresas ubicadas en la Zona Franca de la ciudad condal.

En la presentación del proyecto, que estará ubicado en un local de 188 metros cuadrados del Edificio BP del Consorcio, en el número 19 de la calle 60, ha estado este lunes la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que ha ratificado “el compromiso de este gobierno con el empleo para las personas con discapacidad”. Según la titular de la cartera, en el año 2017 se han hecho más de 300.000 nuevos contratos para personas con discapacidad y “ya hay en España un millón de personas con discapacidad trabajando y potenciando su talento. Es una prioridad seguir batiendo récords”.

El nuevo ‘Punto Incorpora’ estará gestionado por la Federación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica Francesc Layret COCEMFE Barcelona y contará, en su apertura, con cuatro profesionales: un consultor comercial que realizará la prospección empresarial; una trabajadora social, que facilitará la capacitación y empoderamiento de las mujeres con discapacidad que participen; un terapeuta ocupacional que realizará los itinerarios adaptados y un administrativo.

Por su parte, el programa ‘Incorpora’ de Obra Social La Caixa, vinculado a todo tipo de colectivos vulnerables y con dificultades en la integración laboral (parados de larga duración, ex reclusos, inmigrantes, jóvenes en riesgo de exclusión y víctimas de violencia de género), lleva en marcha desde 2006 y, el año pasado, logró dar trabajo a 7.500 personas en Barcelona y su zona metropolitana gracias a la implicación de unas 1.900 empresas.

Un proyecto al que se suma también el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, dirigido por Jordi Cornet, delegado especial del Gobierno en esta institución, que ha destinado el 10% de su presupuesto a acciones sociales, entre las que destaca la que posibilita esta inserción laboral de discapacitados en los sectores industriales.