“En situación crítica”. Así definen desde los sindicatos el estado de la negociación salarial para 2018. Las centrales creen que CEOE carece de verdadero interés en apoyar la firma de un nuevo acuerdo confederal, que marque el rumbo de los salarios. Y amenazan con una movilización “contundente” si persiste el bloqueo en esta mesa de negociación.

Por segundo año consecutivo la discusión para fijar una fórmula que sirva de guía a los negociadores en centenares de mesas donde se firman convenios colectivos, sigue estéril. Los sindicatos CCOO y las patronales CEOE y Cepyme, que sí lograron amarrar estos acuerdos confederales durante los años más duros de la crisis – lo que dio paso a un período de moderación salarial – apenas cosechan ahora otro resultado que un cruce de amenazas a través de los medios de comunicación.

Hoy los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, redoblaron sus críticas a los patronos, a los que acusan de “falta de cordura”, “ventajismo”; y a los que amenazan con iniciar un“contundente y potente” proceso de movilización, si persiste esa falta de acuerdos que domina la negociación por un nuevo AENC.

UGT insiste en un salario mínimo de 1.000 euros

Álvarez, empeñado en marcar distancias respecto a sus predecesores en el cargo en esta su primera negociación de un gran acuerdo, mantiene la apuesta de UGT por implantar en España un salario mínimo de 1.000 euros por la vía de la negociación colectiva.

Aunque se muestra dispuesto a hacer cesiones en este sentido, el ‘ugetista’ cree que este método es mucho más efectivo que negociar un porcentaje de alza salarial, que, aunque sea alto, influye poco en el bolsillo de los trabajadores con salarios más modestos.

“Podemos hablar de los tiempos o de cómo afecta en determinados sectores que trabajan sobre contratas, pero es una reivindicación que vamos a mantener”, anunció hoy durante la inauguración de unas jornadas.

Polémicas cláusulas

En el discreto proceso de negociación que mantienen desde enero, patronos y trabajadoeres siguen manteniendo diferencias insalvables en algunas cuestiones esenciales de la negociación. Una de ellas es el papel que juega el índice de precios de consumo, el IPC. Las centrales desean que el futuro acuerdo incluya unas cláusulas que se activen si los precios se desbocan, a fin de garantizar el poder de compra de los trabajadores.

Sin embargo, los empresarios se oponen a esas cláusulas de garantía salarial, y ofrecen por el contrario anclar la evolución de los salarios a la productividad, al comportamiento del empleo o incluso a la marcha de la economía del país; unas fórmulas ya ensayadas por el Gobierno este año en su negociación con los funcionarios, y que fueron despachadas desde CCOO con descalificaciones que las tildaban de “modernez”.

Hasta marzo los salarios pactados en convenio suben a un ritmo del 1,53%; inferior a la previsión de inflación para todo el año del Gobierno, un 1,6%.

Prisas por firmar el acuerdo

Aunque no hay nuevos datos, los sindicatos plantearon al inicio de la negociación a los empresarios un alza salarial del 3,1%; dividida por un lado en un tramo, del 1,5%, destinado a recuperar el poder adquisitivo perdido los últimos años; y, por otro, un segundo componente igual a la citada previsión de inflación, del 1,6%.

El argumento de los sindicatos es que mientras los salarios permanecen casi estancados, los beneficios empresariales crecen a buen ritmo desde hace años, lo que se traduce en una mala distribución de la riqueza, que se refleja a su vez en la pérdida de peso de las rentas salariales en la riqueza nacional.

Sin embargo, los patronos, instalados en su tradicional mutismo, arguyen en contra que buena parte de las empresas se hallan todavía en pérdidas, y que sería un error vincular salarios y precios, por los conocidos efectos de segunda ronda; esto es, porque es este un mecanismo que, lejos de remediar el deterioro de las rentas, termina por atizar la inflación.

De momento, y aunque las diferencias no son insalvables, según señalan desde CCOO, lo cierto es que el acuerdo se ve como una cosa “muy difícil” por parte de las centrales. En cualquier caso los sindicatos desean evitar a toda costa alargar la negociación, como sucedió en 2017, cuando las conversaciones se cerraron sin acuerdo en pleno mes de julio.

Desprestigio del diálogo social

“Si hay margen para cualquier posibilidad de acuerdo en un tema de tanta trascendencia deber ser antes del verano”, subraya Fernando Lezcano desde CCOO.

Y ello a pesar de que un nuevo fracaso dejaría flotando en el aire la pregunta de cuál es la función de patronales y sindicatos si son incapaces de cerrar estos acuerdos. En este sentido, Lezcano traslada la responsabilidad a la patronal. “¿Si no estamos para estas cosas, para qué estamos los interlocutores sociales, para ser meros grupos de presión?”, se pregunta el portavoz de CCOO.

De momento, “el conflicto social está servido”, advierte su líder.