El teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ian Brossat, ha asegurado que Airbnb y Wimdu se excusan en que la ley es complicada de aplicar para no retirar los anuncios. Brossat asegura que a todas las compañías se les notificó a finales de 2017 la obligatoriedad de retirar las viviendas no registradas y, como no se ha hecho, han decidido recurrir a la justicia.

En un comunicado, Airbnb ha asegurado que ha cumplido su parte notificando a todos los anfitriones la obligatoriedad de contar con un número de registro oficial. Además, ha calificado la legislación parisina de «compleja, confusa y más adaptada a los profesionales que a los particulares».

El Ayuntamiento parisino calcula que en la capital francesa hay cerca de 43.000 viviendas turísticas que se están comercializando sin estar registradas y que el 84% de las viviendas turísticas que se alquilan en su totalidad (no por habitaciones) no se ajustan a la legalidad.

Airbnb y Wimdu tendrán que acudir a los tribunales el próximo 12 de junio. Se enfrentan a multas que varían entre los 1.000 y los 5.000 euros por día y por anuncio. Solo en 2017, el Ayuntamiento multó a las plataformas y los propietarios con 1,3 millones de euros. De enero a marzo de 2018, las multas ya ascienden a 490.000 euros.