El ministerio de Empleo distribuirá en 2018 un total de 2.055 millones de euros entre las comunidades autónomas para políticas de empleo. La mitad de estos fondos, acordados hoy en la Conferencia Sectorial de Empleo, irá a parar a formación, informa el Gobierno.

En la conferencia, el Gobierno y las comunidades autónomas han evaluado además el complimiento de los objetivos marcados en el plan de empleo 2017 (PAPE). Según esta evaluación, el año pasado se alcanzó el mayor porcentaje de personas desempleadas que recibieron formación acreditable, un 87,5%.

El reparto acordado hoy entre el ministerio de Empleo y los entes autonómicos incrementa un 8,5% los fondos destinados a políticas activas. Se prevé sin embargo una segunda posibilidad en caso de que el Ejecutivo logre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por las Cortes; en ese caso la dotación se elevará hasta los 2.126 millones; su reparto se realizará “avanzado el año”.

Un 87,5% de los parados recibieron formación

Desde hace cinco años el reparto de fondos a las comunidades autónomas se realiza tras evaluar el cumplimiento de una serie de objetivos marcados por el Sistema Nacional de Empleo; alcanzando un total de 24 indicadores en 2017.

Entre las metas marcadas, Empleo destaca el porcentaje alcanzado en 2017, el más alto de la serie histórica, de personas desempleadas que recibieron formación acreditable, un 87,5%.

Un incremento que choca con la caída en la formación de personas ocupadas, por cuarto año consecutivo, que destacó en septiembre el balance de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Y que indica que en 2016, el número de empresas que prestan formación a sus plantillas cayó un 16,3%, siendo las más afectadas las micropymes, si bien el número de trabajadores que se formaron permance constante, en torno a 2,5 millones, con un incremento incluso en el númeor de participantes – hay trabajadores que reciben más de un curso.

El salario mínimo incrementa las subvenciones

Para 2018, el ministerio se ha visto obligada incrementar en 37 millones la partida destinada a estabilizar el empleo de personas con discapaciad en los centros especiales de empleo. El motivo de esta subida radica en el incremento del salario mínimo – un 8% en 2017, y un 4% en 2018 – que se refleja en un incremento de las obligaciones de estos centros, que el ministerio subvenciona.

Otros indicadores señalan que el número de participantes en la Garantía Juvenil, el programa europeo que presta empleo o formación a los jóvenes, se elevó en 2017 un 124%, un fuerte incremento que tiene que ver sin duda con los cambios en el sistema de acceso, que han facilitado la inscripción de jóvenes a este programa de financiación europea.

Según Empleo, los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo atendidos por los servicios públicos de empleo se redujeron un 14% en 2017.

Además, un 43% de esas personas que fueron contratadas el año pasado habían recibido previamente atención por parte de los servicios públicos de empleo.

Finalmente el número de colocaciones intermediadas por los SPE creció un 13% en 2017, hasta superar las 338.000.