El tradicional encuentro con los medios de comunicación previo a la junta general de accionistas del Banco Sabadell tiene, en esta ocasión, un ‘morbo’ especial. Es la primera vez que el Sabadell hace la junta en Alicante. Su presidente, Josep Oliu, admite que «era una decisión prevista como posible, aunque no como probable», ante la situación en Cataluña. Y deja muy claro que «no hay ninguna razón previsible» para retornar el domicilio social de la entidad a Cataluña.

Tras estos meses de turbulencias, «la normalidad ha vuelto al Banco Sabadell, pero todavía no a Cataluña», reconoce el presidente del Sabadell, que también admite que ahora mismo su prioridad estratégica es la aceleración de la integración, tanto informática como operativa, del británico TSB.

Tanto Oliu, como el consejero delegado, Jaume Guardiola, rechazan las acusaciones, formuladas en voz baja y refugiándose en el off the record por directivos de la competencia, de que el Sabadell está rentabilizando el victimismo sobre la situación en Cataluña.

El presidente del Sabadell apoya la propuesta de la AEB sobre sucursales rotatorias o cajeros automáticos multimarca en las zonas rurales que se quedan sin oficinas.  Oliu admite que «estar en pueblos pequeños no salen los números», pero también reconoce que estas fórmulas «ayudarian a mantener el mercado, la proximidad con el cliente».

Tras la experiencia de integración del TSB británico, el presidente del Sabadell aporta algunas reflexiones: «si el proyecto europeo se consolida, habrá fusiones transfronterizas, la cuestión clave son las sinergias, pero si no hay incentivos serán complicadas, porque los costes operativos y regulatorios son elevados».

El presidente del Sabadell reconoce que el grupo está interesado en crecer en Reino Unido, donde opera con su filial TSB y cuya plataforma informática se conectará este fin de semana a la de Sabadell, tras dos años aún bajo el control de su anterior dueño, el también británico Lloyds. Esta operación le permitirá unos ahorros de costes este año de 80 millones de euros, y en 2019 de 160 millones. Aunque el retraso de seis meses de esta migración de la plataforma le ha supuesto unos costes extra de 92 millones.

Oliu también explica que la entidad trabaja para realizar un saneamiento rápido de su balance como reclama al sector los supervisores. Espera reducir sus activos tóxicos en unos 6.000 millones entre 2018 y 2020, periodo de su plan estratégico. Ahora suman unos 15.000 millones. Pero ha iniciado el sondeo para acelerar este saneamiento y vender a los fondos 7.500 millones este ejercicio. De momento, tiene en venta dos carteras, una de 900 millones de créditos fallidos y otra de 2.300 millones de activos adjudicados.