El 90% del gasto de los Ayuntamientos no se audita, según el informe sobre auditoría del sector público en España, publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y dirigido por José Manuel Vela, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y José Luis Zafra, de la Universidad de Granada.

El estudio hace un análisis de la situación en la que se encuentran las cuentas de las Administraciones Públicas, relativamente controladas en el ámbito estatal, en peor situación en el entorno autonómico y en mala situación en el entorno local.

“Necesitamos Administraciones Públicas más transparentes para que sean más eficientes. La auditoría es una herramienta muy potente para la sostenibilidad de las cuentas públicas”, destacó Ferrán Rodríguez, presidente del ICJCE, durante la presentación de la 9ª Jornada de Auditoría del Sector Público, celebrada en el Col.legi de Censors Jurtas de Comptes de Cataluña.

El 90% del gasto de los ayuntamientos no se audita. Aproximadamente se audita un 9,40% del gasto liquidado del conjunto del gasto de los Ayuntamientos españoles. Sin el
Ayuntamiento de Barcelona, que está obligado a realizar esa auditoría al emitir deuda en los mercados financieros, el  porcentaje de gasto auditado bajaría al 6%.

Los ayuntamientos que aportan un mayor nivel de información son San Sebastián, Sagunto, Granollers, San Cugat del Vallés, Las Rozas, Terresa, Logroño, Valencia y Valladolid, así como Barcelona. De entre las demás grandes ciudades, Madrid, Bilbao o Sevilla, se encuentran entre las que menos información estructurada hacen pública.

En el sector público estatal, el 81% de la Cuenta General del Estado (CGE)
que se presenta de manera consolidada, está fiscalizada. En el sector público
empresarial, es el 90%. Y en el sector público fundacional, el 88%.

En las cuentas estatales, existe un 18% del total deentidades que no rinden cuentas o lo hacen fuera de plazo, o bien esas cuentas rendidas no se auditan, o presentan cuentas que los órganos fiscalizadores (Tribunal de Cuentas) o auditores públicos (Intervención
General de la Administración del Estado) consideran que la información que contienen presenta salvedades (errores, insuficiencias, etc).

Presentan salvedades la propia CGE y un 13% de entidades públicas empresariales del Estado auditadas por la IGAE, como ADIF, el CDTI o varias Administraciones Portuarias, como Málaga, Alicante, Las Palmas, Santander y Gijón, y varias Zonas Francas, como Vigo, Cádiz o Gran Canaria.

En el sector público autonómico Baleares, Navarra, la Comunidad Valencia, País Vasco, Cataluña, Aragón, Asturias y Galicia tienen las auditorías más sólidas. Las posiciones más retrasadas, de entre las que facilitan alguna información, las ocupan Cantabria, Castilla-LaMancha, que auditan un escaso volumen de su gasto. La Comunidad de Madrid se encuentra en la peor de las posiciones, ya que la información que publica no permite ni siquiera evaluar su situación real.