La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que los más de 13.000 ayuntamientos existentes en España acumularán a cierre del ejercicio 2018 un superávit de 7.000 millones de euros y en torno a 28.000 millones de euros en depósitos bancarios, al tiempo que reducirán su deuda incluso por debajo del límite del 3% fijado para las corporaciones locales.

Así lo ha señalado Jose Luis Escrivá, presidente de AIReF, durante su participación en la sesión inaugural de la V jornada de auditoría del sector público, organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) y el REA auditores, en el que ha destacado que las corporaciones locales han ido disminuyendo su deuda en los últimos años mientras que han aumentado sus depósitos en los bancos, que este año rondarán los 28.000 millones de euros.

De esta forma, Escrivá ha estimado que reducirán su nivel de deuda incluso por debajo del límite del 3% y a finales del año tendrán tantos depósitos como deuda pública, con lo que registrarán «prácticamente el equilibrio» en su posición financiera neta, una situación «bastante anómala» respecto al resto de administraciones.

Escrivá ha explicado que el objetivo de déficit del 2,2% del PIB comprometido para este año es «factible», pero ni la Seguridad Social ni el Estado cumplirán sus metas del 0,7% y el 1,1%, respectivamente, mientras que las CC.AA. seguirán corrigiendo su déficit al «0,3% o 0,2%» y las corporaciones locales volverán a registrar un superávit similar al del año pasado, de unas seis décimas del PIB (7.000 millones de euros).

En este sentido, ha subrayado que la situación de las corporaciones locales es «singular, diferencial y bastante estable», y ha explicado que su superávit resulta de unos ingresos «significativamente más altos» de los que presentaban en 1999 gracias a los ajustes en el IBI. Y es que, según ha indicado Escrivá, el porcentaje de tributos propios de las corporaciones locales es «muy superior» al de las CC.AA., al suponer más del 50% del presupuesto y contar, además, con una participación de un tercio de los tributos del Estado.

En esa mayor capacidad de tributación propia del subsector de corporaciones locales destaca el IBI, cuya recaudación se ha estabilizado en torno a 1,2 o 1,3 puntos del PIB, si bien su potencial recaudatorio podría duplicarse y llegar a alcanzar el 2% del PIB.

«Los ingresos de las corporaciones locales son mucho menos cíclicos que los de las CC.AA.», ha indicado Escrivá, quien ha añadido que los ayuntamientos tienen un gasto «menos presionante» que las regiones y «más margen», además de unas competencias más acotadas tras la nueva ley de racionalización de haciendas.

De igual forma, Escrivá ha anunciado que la Autoridad Fiscal pondrá en las próximas semanas una base de datos a disposición de las corporaciones locales para que puedan observar los datos en función de las reglas fiscales.

En cuanto al papel de los interventores locales, Escrivá ha señalado que son los que determinan el cumplimiento o no de las reglas fiscales, mientras que en el caso de las CC.AA. los interventores remiten la información a la Intervención General del Estado, algo que para la Autoridad Fiscal «no es una buena idea».

«Es conveniente y funciona mucho mejor que sea la propia entidad la que se responsabilice de las reglas», ha defendido el presidente de la AIReF, quien aboga por reforzar «el sentido de la propiedad de las reglas» y por reforzar el papel de los interventores locales para que no se limite solo a la remisión de información.

En todo caso, ha valorado que la mayor parte de las comunidades autónomas están cumpliendo la recomendación de la AIReF de elaborar informes sobre el cumplimiento de las reglas y de comparecer incluso en los parlamentos autonómicos, lo que va «en la línea del empoderamiento de los interventores».

Por último, sobre la regla de gasto ha señalado que se trata de un tema «candente y problemático a resolver», y ha abogado por establecer objetivos para cada año, con una meta de deuda a largo plazo, pero con objetivos intermedios de saldos primarios que sirvan de referencia e ir ajustándolos conforme a la regla de gasto.

Según Escrivá, la nueva normativa referida a la regla de gasto beneficiará a los grandes ayuntamientos y las diputaciones, pero aproximadamente solo la mitad de los ayuntamientos de tamaño medio podrán ser capaces de invertir en función de los nuevos programas que incorporan condiciones «bastante exigentes». De esta forma, ha estimado que este año no se ejecutarán más de 200 o 300 millones de euros, con un total de 1.000 millones de euros incluyendo el ejercicio 2019.

Por su parte, el presidente del REA Auditores, Carlos Puig, ha explicado que el colectivo de auditores, formado por 20.000 auditores y 1.300 firmas, realiza 60.000 trabajos regulados al año, si bien ha remarcado que tiene capacidad «suficiente» para acometer mayores retos y ha recordado que los auditores privados están sometidos a una regulación «intensa».