Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) han convocado medio centenar de manifestaciones en toda España a partir del 21 de mayo. Pretenden con ello forzar al Gobierno a elevar los salarios, especialmente los del personal laboral, de forma que nadie gane menos de 1.200 euros brutos al mes en esta administración central, entre otras peticiones.

La convocatoria de las manifestaciones viene firmada por las tres principales organizaciones sindicales con presencia en la AGE, esto es, CCOO, UGT y CSIF. Y anuncia un mes de protestas que se extenderá entre el 21 de mayo y el 21 de junio en toda la Administración central.

Con las protestas los empleados públicos buscan obligar al Gobierno a que se les compense por los recortes de personal y derechos aprobados durante la reciente crisis. Y empujar algunas de sus reinvindicaciones clásicas en este ámbito de la Administración.

En materia retributiva, los funcionarios y el personal que presta sus servicios en la AGE reclaman un salario mínimo de 1.200 euros brutos al mes; así como “homologar” las condiciones salariales del personal laboral y el personal funcionario, informan las centrales.

Esto supone aprobar un incremento lineal de 200 euros, y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo, a fin de asegurar la carrera profesional, en este último caso.

La reclamación contrasta con el incremento pactado del salario mínimo interprofesional (SMI) entre el Gobierno y los sindicatos a finales de 2017. Este acuerdo, firmado por UGT y CCOO, fija un salario mínimo de 850 euros en 2020, siempre que se cumplan dos condiciones, que la economía crezca un 2,5% anual, y se creen 450.000 empleos cada ejercicio.

Así, la reclamación de los funcionarios de la AGE supera en un 41% la cifra pactada en todo el mercado laboral para 2020. Y más de un 60% es SMI actual, fijado en 735,90 euros, en catorce pagas, este 2018.

Abrir las mesas

Los empleados públicos también reclaman al Gobierno que abra ya las mesas de negociación pactadas el pasado 9 de marzo, en torno a tres asuntos, empleo, derechos y salario.

Con ello esperan conseguir que se restablezca el cobro del 100% de las retribuciones en caso de baja por enfermedad o Incapacidad Transitoria (IT), y recuperar el tope máximo de jornada de 37,5 horas, aseguran.

A su vez, las reclamación insisten en que se desarrolle la jubilación parcial en este ámbito de la Administración General del Estado.

Convenio de laborales

Las protestas conminan también al Gobierno a “desbloquear” el cuarto convenio único del personal laboral, varado desde hace dos años; y desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, donde se fijen, tanto el derecho a la carrera profesional, como la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.

“Al depender directamente del Gobierno, nos han tratado como ‘peleles’”, afirma Francisco Camarillo, de CSIF. “Y todo para que Rajoy y Montoro pudieran sacar pecho en Bruselas por las políticas de ajuste”. “Hoy hay miles de empleados públicos que no llegan a los 1.000 euros, en contra de lo que siempre se ha dicho”, subraya.

Por su parte, José Manuel Vera, de CCOO, señala que es urgente recuperar empleo público para que se puedan prestar servicios públicos de calidad. “En estos años se han perdido 30.000 empleos en la Administración General del Estado”, recuerda, tras abogar por una subida salarial “lineal” de 200 euros con la cual compensar la pérdida de poder adquisitivo, que cifra en un 14%.

“Es el momento; tenemos que recuperar derechos, ya nos toca. Es urgente que se eliminen los descuentos cuando estamos enfermos”, agrega Carlos Álvarez, de UGT. “La brecha salarial en la AGE debe acabar; por eso, reivindicamos la homologación salarial de laborales y funcionarios”, concluye.