Los acontecimientos de los últimos días han evidenciado que una gran parte del pueblo español ha perdido la confianza en las instituciones y no ha dudado en expresarlo públicamente ante el estupor de unos dirigentes que con su actuación parecen demostrar no saber que hacer.

No hace mucho los expertos dudaban de la viabilidad del sistema de pensiones tras años de estar congelada. Hoy el Gobierno trata de frenar el malestar de la calle prometiendo subidas que permitan mantener el poder adquisitivo buscando recursos de donde sea..

No hace tanto el Gobierno, junto con socialistas y ciudadanos, cerraban filas con el sonsonete de la independencia de la justicia y la separación de poderes. Ha bastado el escándalo que ha provocado la sentencia de la “manada” para que media España saliera a la calle y el mantra que las sentencias judiciales se acatan ha saltado por los aires, con críticas ministeriales a los jueces y promesas de revisión de la legislación. Además esta sentencia ha propiciado que salieran a la luz otras no menos escandalosas que habían pasado desapercibidas.

Y ahora en el juicio por la pelea en un bar de Alsásua, en la que ocho jóvenes están acusados de terrorismo y tres de ellos en la cárcel desde hace más de un año, las pruebas que están saliendo en el juicio son más que dudosas. En muchos de los procesos que actualmente ocupan la atención de la sociedad se tiene la sensación que están cambiando las leyes del juego con abusivas interpretaciones de las leyes.

Por otra parte los jueces han cerrado filas de una manera corporativista y han considerado una gravísima intromisión a su función las críticas que han recibido por buena parte de la sociedad e incluso por miembros del gobierno por sus resoluciones y han reaccionado con una inusual dureza. Quizás temen perder una consideración social que parece que les hacía estar por encima del bien y del mal.

No están lejos las críticas a los tribunales alemanes que inicialmente no atendieron la petición de la Audiencia Nacional para que Puigdemont fuera extraditado y la denuncia sobre la supuesta malversación de fondos ha propiciado un enfrentamiento entre el juez Llarena y las aseveraciones en el Congreso tanto de Rajoy como de Montoro que la Generalitat no había destinado un solo euro en financiar el referéndum. La credibilidad tanto del Gobierno como de la clase política está bajo mínimos.

También los informes de la guardia civil -que con la ley mordaza tienen presunción de credibilidad ante los jueces- son -siendo generosos- manifiestamente mejorables. Parece -como en el proceso catalán- que primero se acusa y después se buscan pruebas hasta el punto que se han inventado un pueblo y apuntan a un inexistente señor Orni (que en catalán significa hacerse el sueco) de graves delitos. Además en Catalunya los actos violentos -y hablo de agresiones, no de pintadas- protagonizados por grupos de extrema derecha contra personas independentistas se están multiplicando ante la aparente pasividad policial. Esto es muy peligroso porqué se sabe como empieza pero es aventurado saber como termina.

Ante esta situación seria necesario que las estructuras de estado pasaran un profundo ITV, dado que una parte importante de la sociedad ha dejado de confiar en el sistema, y esto es grave.