El 12 de abril, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, estrenaba su segundo mandato al frente de la patronal bancaria con una propuesta para que, en las localidades sin sucursales, las entidades se comprometan a tener oficinas rotatorias (cada entidad garantiza que estará uno o varios días a la semana) o cajeros automáticos multimarca, o cualquier otra fórmula cooperativa que garantice la provisión de servicios financieros básicos a todos los habitantes de España.

Este sistema de cooperación entre bancos está muy extendido en países con grandes zonas sin sucursales, como EEUU y Canadá. “Las fórmulas de cooperación pueden tener sentido para el mundo rural, en el que va a ser difícil que tengan acceso a la presencia bancaria física permanente, garantizan la provisión de servicios financieros básicos, y no plantean problemas de competencia”, argumenta Roldán.

La idea fue rápidamente aplaudida por los responsables de los bancos, sean o no socios de la AEB. El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, fue el primero en respaldar la propuesta de la patronal, porque “ayudaría a mantener el mercado, la proximidad con el cliente” en pueblos pequeños “donde no salen los números para estar con una sucursal”. El Sabadell cuenta con sucursales móviles que cada día abren en una localidad distinta, siempre con el mismo director, y que “están funcionando muy bien”.

Unos días después, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, se comprometía públicamente a estudiar “con detalle” la iniciativa de la AEB. “Queremos ofrecer el mejor servicio al cliente, también en las zonas que están perdiendo población de forma intensa. El mundo digital, combinado con cajeros automáticos, puede funcionar ahí”, señala, mientras recuerda que en Brasil el Santander ofrece una tarjeta que permite operar en sus cajeros aunque no se tenga cuenta en el banco. El grupo también desarrolla iniciativas similares de inclusión financiera en México o en Brasil, entre otros países latinoamericanos.

Hasta la competencia de la AEB apoyaba la idea. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, cree que la propuesta de la AEB es una “noticia magnífica”. “Encontrar maneras imaginativas de seguir dando servicios financieros a la población es buena noticia para todos”, afirma. Pero, al mismo tiempo, recuerda que CaixaBank siempre ha apostado por la “inclusión financiera” a pesar de que mantener sucursales en determinadas localidades le cuesta dinero, porque cree que es parte de su “responsabilidad con la sociedad”.

Otro banco ligado a las antiguas cajas de ahorro, Bankia, también daba la bienvenida a buscar fórmulas para dar servicios bancarios en zonas sin sucursales. Su consejero delegado, José Sevilla, señala que la entidad nacionalizada puso en marcha “hace tiempo” los ‘ofibus’, un vehículo que acoge “un servicio completo de sucursal, que está funcionando muy bien en más de 300 municipios que no tienen acceso a servicios bancarios ni masa crítica para tener una sucursal establecida de forma permanente”, explican en la entidad.

Pero ha pasado un mes desde que el presidente de la AEB formuló la propuesta, y de momento ésta se ha quedado en una declaración de intenciones. Los bancos no se han reunido todavía, más allá de los apoyos a la propuesta formulados aprovechando las presentaciones de resultados y otros actos públicos, para concretar esos acuerdos para instalar oficinas rotatorias o cajeros automáticos multimarca en las localidades sin sucursales, ni para avanzar en esos compromisos contra la exclusión financiera.

Cajeros por decreto

Quién sí se ha movido es la Administración autonómica, El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha recuperado la propuesta lanzada hace un año por el Instituto Valenciano de Finanzas para instalar cajeros automáticos en las dependencias municipales de localidades sin sucursales.

Puig anuncia un decreto que acelere estas instalaciones de cajeros en las poblaciones que sean cabecera de microcomarcas. Mientras, reclama la colaboración de las Diputaciones provinciales, de los ayuntamientos, y de las entidades financieras, porque la ausencia de servicios bancarios supone “un freno al desarrollo” de los pueblos.

La Diputación de Castellón tiene, desde hace tiempo, convenios con entidades financieras para llevar a los pueblos sin sucursales oficinas móviles y cajeros automáticos portátiles.

Otros Gobiernos autonómicos, como el de Extremadura, Castilla y León, y Castilla-La Mancha, buscan fórmulas para que las entidades financieras no dejen sin sucursales a sus pueblos.

Más de la mitad de los pueblos, sin sucursal

En España, 4.114 municipios, el 50,7% del total, carece de sucursal bancaria permanente, lo que significa que 1.257.000 ciudadanos, el 2,7% de la población residente en el país, tienen que trasladarse fuera o recurrir a Internet para acceder a servicios bancarios básicos. Antes de la crisis, era menos del 2% de los españoles los que no tenían sucursal en su pueblo.

Otro 15,8% de los municipios de España, 1.281, únicamente dispone de una sucursal, a la que acceden 1,4 millones de personas, el 3,1% de la población. Las cajas de ahorros, y los bancos que heredaron su negocio, están presentes en el 67% de estas localidades. Las cajas rurales aportan el 21%. Y los bancos socios de la AEB, el 12% restante. Lo que muestra cómo está tan desigualmente repartido el esfuerzo por garantizar el acceso de todos los españoles a los servicios financieros.