Este lunes, los funcionarios de prisiones se han concentrado en todo el país a las puertas de las cárceles, para protestar por la carencia de personal, y la disparidad salarial, que alcanza los 700 euros mensuales en función del destino. Algunas concentraciones se han saldado con cargas policiales, denuncian los sindicatos.

Las concentraciones a las puertas de los centros penitenciarias de Albacete, Daroca (Zaragoza), Sevilla I, en el centro de inserción social (CIS) de Málaga, así como en las cárceles Las Palmas I, Huelva, Alcalá, Estremera, A Lama (Pontevedra), y en los centros de Valladolid, Murcia II, Córdoba, Burgos y Palma de Mallorca.

Los funcionarios de prisiones inician así veinte días de protestas que culminarán a finales de mayo, coincidiendo con el fin del paso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el Congreso de los Diputados.

El trámite de las cuentas del Estado está marcado en rojo en las agendas de los funcionarios de prisiones. Reivindican, además de la convocatoria de nuevas plazas, la inclusión en las cuentas de una partida superior a los 128 millones de euros con la cual cerrar la brecha salarial que separa sus nóminas dependiendo de la prisión donde trabajen.

Así, según denuncian, el sueldo de un funcionario de prisiones difiere hasta en 700 euros en función de la cárcel donde preste servicio. Una diferencia que desean eliminar los concentrados este lunes en el inicio de un mes de protestas que se ha saldado con incidentes a las puertas de las cárceles.

Efectivos de la Guardia Civil han cargado esta mañana contra los concentrados, informan en fuentes sindicales, que destacan el carácter pacífico de las concentraciones.

Las protestas, convocadas por CCOO, Acaip y UGT, sindicatos mayoritarios del sector, buscan también forzar al Gobierno a cubrir las casi 3.400 vacantes que existen en el sector, según estimaciones sindicales. “Es urgente convocar una oferta de empleo público extraordinaria para afrontar esta pérdida de efectivos”, afirman.

Además denuncian un problema de envejecimiento de las plantillas, que cuantifican en el hecho de que, a finales de la década, la cuarta parte de los funcionarios de vigilancia tendrá más de 57 años, según datos de la propia secretaría general de instituciones penitenciarias (SGIP) esgrimidos por los sindicatos.

700 euros de diferencia

Las diferencias salariales se sitúan en el vértice de las protestas sindicales iniciadas hoy. Según los sindicatos, el esquema retributivo de los funcionarios de prisiones es completamente inadecuado. Por un lado la clasificación por categorías profesionales data de 1989, y ha quedado desfasada. Por otro, los complementos específicos marcan diferencias injustas que rompen el principio de “iguales en el trabajo e iguales en el salario”.

En concreto, reclaman que estos complementos específicos de los puestos de trabajo se igualen en los puestos de trabajo con la misma denominación.

Así se evitarían pérdidas salariales durante los concursos de traslados o al final de la vida activa, tras 25 o 30 años de trabajo en las prisiones españolas.

Los funcionarios, que han entregado además 16.000 firmas en el Congreso y el Senado, exigen con estas protestas al Gobierno que abra un proceso de negociación “real y efectivo” donde poder acometer estas reivindicaciones.

En caso contrario, advierte, peligra el cumplimiento de las más de 285.000 condenas por sentencia firme que se imponen al año por los juzgados y tribunales, y que son gestionaros por el servicio público penitenciario.