Las aguas bajan revueltas en el sector de la acción e intervención social. La firma en 2015 del primer convenio nacional del sector, no ha servido para pacificar un ámbito donde trabajan miles de personas dentro de entidades como Cáritas, Cruz Roja o Médicos sin fronteras. El repunte de la inflación, y la falta de un acuerdo marco, amenazan con encrespar los ánimos de un sector muy dependiente de las cuentas públicas.

Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) amenazaron hoy martes a las patronales del sector – OEIS y AEEISSS – con una campaña de movilización creciente. Su intención es forzar a los empresarios y a la dirección de entidades como Cáritas, Accem, Cruz Roja, Intress o Médicos sin fronteras, a subir los salarios al menos en idéntica proporción a los precios.

Pendientes los salarios de 2017 y 2018

La advertencia sindical llega después de las subidas salariales prometidas a los funcionarios, y del nuevo marco legal que proporciona la recién aprobada ley de contratos del sector público. Un contexto que permite a los sindicatos empuñar la bandera de la dignificación de los salarios y las condiciones de trabajo también en este sector privado.

El sector tiene pendiente todavía firmar la actualización salarial de 2017. Un año en que la ausencia de un acuerdo marco derivó la negociación hacia una comisión paritaria. Sin embargo, tras luchas infructuosas, los sindicatos debieron rendirse a la evidencia de que la patronal no iría más allá del 1% prometido en el primer convenio marco del sector, firmado en 2015, y que también ha vivido una tortuosa lucha judicial.

Así, los sindicatos se negaron a firmar el 1% de incremento propuesto por los patrones para 2017. Habida cuenta de que el IPC concluyó el año en el 1,2%. La firma hubiera supuesto ampliar la pérdida de poder adquisitivo, que ya se produjo en 2016, cuando los trabajadores aceptaron una subida del 1%, mientras los precios cerraban el año en un 1,6%.

Ni siquiera la mediación en el SIMA logró desbloquear la negociación, que queda ahora pendiente. Al igual que la cifra de incremento para 2018, donde la patronal ofrece un 1%, mientras los sindicatos reclaman, por un lado, también asegurar el poder adquisitivo.

Una reclamación que se incardina además dentro de la presión hacia la gran patronal. Y, donde, junto a los anuncios de movilización creciente, no faltan las amenazas, más o menos veladas, de recurrir a los juzgados, y a la Inspección de Trabajo.

Además el conflicto se enmarca dentro de un marco más amplio, derivado de la falta de avances en la mesa donde se negocia un acuerdo marco para todos los sectores en el conjunto del país, y donde negocian por un lado CEOE y por otro las confederaciones de UGT y CCOO. Y donde las cosas marchan tan mal como el año pasado, con un acuerdo muy retrasado y con visos de fracasar.

“Este acuerdo debe alcanzarse con urgencia. Si no existe un gesto positivo por las patronales, CCOO y UGT movilizarán al sector en el marco de las movilizaciones generales y crecientes que las confederaciones de UGT y CCOO acometerán para exigir, ahora ya si toca, incrementar los salarios por encima del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones de trabajo”, advierten.

Salario base, a partir de 14.000 euros

Las tablas salariales pactadas para 2015 en el sector de la acción e intervención social establecen cinco grupos profesionales, con un salario base bruto anual de 14.000 euros para el grupo 4, y 23.800 euros para el grupo 0.

Además, el convenio, el primero de índole estatal, y no exento de polémica, establece una serie de complementos salariales, como el de responsabilidad, coordinación, proyecto y experiencia profesional; además de otras percepciones compensatorias, como el complemento por trabajo en sábados, domingos y festivos, entre otros.

El convenio de 2015 estipuló este marco legal para el sector en toda España. Sin embargo, su contenido se ha visto sujeto a una larga lucha judicial, que no se ha resuelta hasta el pasado mes de marzo cuando el Tribunal Supremo confirmó su validez en casación.

Atrás quedaban las decisiones de dos tribunales de justicia y la sentencia de la Audiencia Nacional en 2016, motivadas por el intento de la patronal de dependencia FED (Federación Empresarial de la Dependencia) de impugnar el convenio, aun careciendo de legitimación, según informó UGT.

Según este sindicato, la patronal Federación Empresarial de Dependencia intentó torpedear la validez del marco legal a pesar de no contar con ninguna empresa asociada que se dedique exclusivamente a la actividad de acción e intervención social.