En el detallado escrito que el Magistrado Instructor de la Causa Especial 20907/2017 ha enviado ahora a la República Federal de Alemania, hay una expresión feliz, empotrada en la descripción de lo que ha sido alma máter del “proceso” que, según sus impulsores, llevaría a la independencia de la república catalana: “la jactancia en la desobediencia que expresaron las instituciones de poder autonómico frente a las decisiones provenientes del Poder Judicial”.

No se puede expresar con más claridad el “état d’esprit” que guiaba a los protagonistas, porque la jactancia ha sido el hilo conductor de su continuado desafío al Estado. Un estado de ánimo que sigue, como se desprende de las palabras del recién nombrado presidente del gobierno catalán: proceso constituyente, nueva constitución, declaración de independencia y república catalana: anuncio de un segundo intento de golpe de Estado.

Esa es la pretensión. Y, de nuevo, jactancia en la desobediencia. Sin prestar atención a la devastadora división social, a la desbandada de las empresas, a la pérdida de oportunidades (la Agencia del Medicamento) o a los encarcelamientos; y, por añadidura, con satisfacción por el desgaste del Estado.

Llegados aquí, uno no puede por menos que preguntarse si alguien del Gobierno español ha viajado en los últimos tiempos a Berlín para entrevistarse con la canciller alemana, su ministro de asuntos exteriores, el titular de Interior o el maestro armero, para transmitir el malestar que embarga a los españoles no independentistas.

Produce fastidio e irritación entre una mayoría de españoles que el ex presidente del Gobierno catalán, prófugo de la justicia española y en libertad provisional en Alemania, haga piruetas políticas en la capital de ese país, reuniéndose con diputados de su cuerda y con líderes soberanistas, dando ruedas de prensa y, en definitiva, contoneándose como jefe de filas en el exilio de una non nata república catalana. Y que lo haga falseando a sabiendas y haciendo acusaciones imaginarias, que están contribuyendo a configurar una opinión pública lesiva para los intereses del Estado español.

Esa alianza no casa bien con la insensibilidad manifiesta ante el comportamiento del prófugo en el país anfitrión, ni con la tolerancia con la que, quien no es sino un delincuente a la espera de juicio, liberado provisionalmente en Alemania con medidas cautelares, dedica su abundante tiempo libre a denostar públicamente a España.

Es más, podría pensarse que hay cuentas pendientes sin saldar entre España y Alemania, pues no es comprensible la laxitud con que se trata a un preso preventivo en libertad temporal, a la espera de que se produzca o no su entrega definitiva a España.

Parece de cajón pensar que al conceder esa libertad, provisional y condicionada, al huido de la justicia española, no se le ha advertido de que le está prohibida cualquier actuación pública que pudiera considerarse ofensiva para el país socio y aliado, que ha solicitado, en virtud de lo dispuesto en la normativa de la euro orden, la entrega del procesado por la posible comisión de graves delitos, como son la conspiración para la rebelión, la desobediencia y la malversación de caudales públicos.

Si, en efecto, al conceder la libertad provisional al huido no se le ha hecho tal advertencia, es urgente que el gobierno español pida al interlocutor competente del país anfitrión que ponga fin al campaneo del huésped, a la espera de que el Tribunal de Schleswig-Holstein emita la decisión definitiva sobre la euro orden, para que sean los tribunales españoles quienes determinen cuáles son los delitos cometidos.

Entretanto, el huido, al que ni siquiera todos los independentistas consideran president legitim, ha designado, desde su refugio alemán, al candidato a convertirse en su sucesor y éste ha sido investido presidente en el Parlamento de Cataluña, pese a lo cual es el político prófugo quien anuncia su pretensión de ser, desde algún lugar del exilio (desde el espacio libre europeo, según la denominación del argot separatista), el máximo responsable de las políticas catalanas, como presidente del Consell de la República, una institución de nuevo cuño, que «dará continuidad a la declaración de independencia».

Existe la posibilidad de que, si finalmente la orden de entrega del tribunal alemán no va acompañada del reconocimiento de la posible existencia de todos los delitos imputados, el instructor español opte por rechazar la entrega, con el fin de evitar un trato discriminatorio con otros procesados. Si ese fuera el caso, tras la rotunda negativa del sistema judicial belga a dar cumplimiento a la euro orden, no cabe descartar que la Sala II del Supremo pudiera decidir retirar las órdenes cursadas y no atendidas.

Y esa podría ser la culminación de un proceso atarantado, que no ha hecho sino añadir nuevas incertidumbres a una causa que ha sido colocada bajo la sospecha, sembrada precisamente por los prófugos de la justicia, de que en España subsiste el franquismo, la democracia de baja calidad, la ausencia de división de poderes, la existencia de presos políticos y otras hierbas adyacentes. Y esa siembra se ha hecho con la condescendencia del país anfitrión.

Alguien invocará la libertad de expresión, pero quien lo haga debe saber que la mayoría de la gente en España piensa que la actitud del Gobierno alemán de permitir a un huido de la justicia española denostar sistemáticamente a España no se corresponde con lo que uno espera de un socio y aliado.

Una prueba más de que la batalla de la propaganda la han ganado los presos y los fugados. Por la indolencia, impericia y exceso de confianza de los responsables del gobierno español, que no han tomado parte activa, con espíritu combativo, en la defensa de los intereses españoles.

Si el resultado de este lamentable imbroglio fuese la retirada por parte de la justicia española de las órdenes internacionales de entrega, el Gobierno español no tendría otra alternativa que denunciar el mecanismo fallido de la euro orden, porque no ha existido la imprescindible confianza entre los jueces de los respectivos países, principio rector que está en el origen de su creación.

Queda una esperanza: que esa retirada española, si llegara a producirse, consiga abrir una espita en los fatigados materiales del bastimento europeo y que de la crisis pueda surgir un impulso nuevo para el alicaído edificio de la cooperación judicial en el espacio Schëngen.

También resulta inconcebible que el Tribunal Constitucional, a través de los medios legalmente previstos, no haya analizado hasta el limite temporal de la votación de investidura, la suspensión del voto delegado para evitar el dislate de que prófugos voten, como presidente del ejecutivo catalán, a un supremacista de tomo y lomo como este.

Mientras tanto, prepárese amable lector a seguir sufriendo la inclemencia de la jactancia desobediente, ese ejercicio provocador de quienes no consiguen, en definitiva, más que un detestable enfrentamiento civil, sin que tengamos claro qué es lo que realmente buscan.

 

Luis Sánchez-Merlo