El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha archivado la pieza separada que abrió para investigar el diseño y la comercialización de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja al considerar, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha quedado acreditado que las entidades emitieran este producto financiero con el objeto de engañar a los inversores.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 expone en dos autos que ha terminado la instrucción de la pieza separada del caso Bankia y que tampoco se ha podido comprobar que los directivos de estas entidades contra los que se dirigió la querella inicial emitieran estas participaciones a sabiendas de que se trataba de un producto tóxico con el fin de engañar a los clientes.

Por ello descarta que actuaran como cooperadores necesarios la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, a quienes no incluyó en su investigación pese a que la querella presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) se dirigía contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, y Julio Segura, expresidente de la CNMV, por la comisión de un presunto delito de encubrimiento.

Al contrario, recoge que la venta de preferentes como forma de financiación entre clientes minoristas no podía ser desconocida por las autoridades reguladoras y supervisoras porque fueron ellas las que las autorizaron «expresamente».

El juez, que recuerda que no se ha practicado ninguna diligencia relativa a esta pieza en el último año, acotó la investigación a la venta de preferentes en Caja Madrid desde 2009 por valor de 3.000 millones de euros ya que no es posible reproche penal contra las emisiones hechas los años previos ni tampoco contra la emitidas por Bancaja durante los años 1999 y 2000, por importe de 300 millones, por prescripción del presunto delito.

Tampoco ha quedado acreditado, ni por la vía testifical ni documental, que los comerciantes de las entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se contradijera lo recogido en los contratos y en los test de idoneidad que la caja extinta corrigió siguiendo las indicaciones del supervisor.

Con todo, reconoce que se han podido producir «graves deficiencias» en la venta de este producto financiero y que incluso han podido primar los propios intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes; por ello remite a los preferentistas a la vía civil para satisfacer sus intereses.

Además matiza que en este caso no se acredita la existencia de estafa tal y como se reconoce en la jurisprudencia porque para ello hubiera sido necesario que los directivos de Caja Madrid que impulsaron la emisión de preferentes fueran conocedores en ese momento de la futura situación de insolvencia de la entidad que acabó integrando el Sistema Institucional de Protección (SIP) del que nació Bankia.

El magistrado inició la investigación en el año 2013 contra los directivos de estas entidades por su posible responsabilidad en la comercialización de preferentes, pero relegó a los juzgados territoriales competentes la instrucción por el papel que jugaron los empleados de las sucursales de Caja Madrid, Bancaja y Bankia que vendieron estos productos. Andreu adoptó esta decisión con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción que considera que el lanzamiento y venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera un «plan preconcebido» para su gestión y diseño.

Bankia devuelve su inversión a 17.000 personas

Bankia ha devuelto su inversión, durante los seis últimos años, a más de 170.000 personas que invirtieron en instrumentos híbridos (preferentes y subordinadas) emitidos por las cajas de ahorros que dieron lugar a la entidad (que  nunca ha emitido este producto).

El proceso de arbitraje desarrollado por el banco en el año 2013 permitió devolver su dinero a más de 137.000 personas. Por la vía judicial, 33.000 clientes recuperaron su inversión.

En total, Bankia ha devuelto 2.800 millones de euros a los titulares de híbridos emitidos por las cajas: 1.100 millones de euros a través del proceso de arbitraje y 1.700 millones de euros a través de la vía judicial

En 2013, y como parte del rescate de la entidad, la Comisión Europea impuso a Bankia que hiciera una quita a los inversores en preferentes e híbridos y canjeara estos productos por nuevas acciones del banco. La fuerte subida de las acciones de Bankia entre mayo de 2013 y marzo de 2014, periodo en el que se llegó a triplicar el valor, de 0,48 euros (1,94 euros tras el efecto del contrasplit, ejecutado en junio de 2017, de una acción nueva por cada cuatro antiguas) a rozar los 1,6 (6,4 tras el efecto del contrasplit), permitió a muchos inversores recuperar su inversión por esta vía.

En torno al 75% de los inversores han recuperado totalmente su inversión mediante el proceso de arbitraje o la vía jurisdiccional. A esa cifra hay que añadir aquellos titulares que lo hicieron mediante la venta de acciones y que no se puedecalcular porque no todas esas operaciones se realizaron a través de Bankia.

«En todo caso, es importante recordar que aquellos que no hayan recuperado toda su inversión de estas emisiones analizadas por la Audiencia Nacional tampoco perdieron el total, ya que la quita exigida por la Comisión Europea osciló entre el 14% y el 46% del capital invertido, en función de la emisión y el tipo de producto», precisan fuentes de Bankia.