Las asambleas generales de la treintena de entidades asociadas al Grupo Caja Rural están aprobando la constitución de un Mecanismo Institucional de Protección (MIP) normativo. A diferencia del MIP reforzado, donde las cajas rurales participantes mutualizan al 100% los beneficios y los riesgos, y cuentan con una entidad de cabecera que dirige el grupo (como el Banco de Crédito Cooperativo en el Grupo Cooperativo Cajamar), el normativo solamente exige la constitución de un fondo de garantía privado que se utilizará en el caso de que alguna de las entidades partícipes presentase un déficit de recursos propios, eximiendo de mutualizar balances y resultados.

El Grupo Caja Rural elude así la presión del Gobierno y de los supervisores para que avancen en el proceso de concentración mediante fusiones, y optan por una formula que permitirá actuar de forma solidaria y mancomunada para acudir al rescate de cualquiera de ellas si alguna incurriese en una situación crítica en el futuro. Con este sistema, busca preservar y garantizar la independencia y autonomía de todas las cajas rurales asociadas.

El Gobierno aprobó en junio de 2017 los MIP, con las dos modalidades (reforzado y normativo), para que las cajas rurales puedan dotarse de forma conjunta de colchones de capital con capacidad de absorción de pérdidas en caso de que alguna de ellas atravesara una etapa de dificultad hasta el punto de estar en peligro su supervivencia.

En el MIP normativo participarán las 29 cajas rurales del Grupo más el Banco Cooperativo Español, del que todas ellas son accionistas junto al banco cooperativo alemán DZ. Las 30 entidades harán aportaciones progresivas al fondo hasta alcanzar una dotación de 300 millones. El 60% de las aportaciones se deducirán de las que son obligatorias para todas las entidades de crédito al Fondo de Garantía de Depósitos.

Las cajas rurales, que en su mayoría suelen tener elevadas ratios de solvencia, ya tienen experiencia en acudir al rescate de sus colegas, pero hasta ahora se hacía mediante operaciones diseñadas específicamente para cada caso. Así, el Grupo Caja Rural y el competido Cajamar compraron activos inmobiliarios por 320 millones a Bantierra para que esta entidad (resultante de la fusión de Multicaja y Cajalón), restableciese sus niveles de solvencia.

El presidente de Caja Rural de Salamanca, Ernesto Moronta, destaca en la asamblea general de la entidad que las dudas sobre fusiones e integraciones están despejadas, tras haber conseguido unas «muy buenas» ventajas regulatorias con la constitución de un Mecanismo Institucional de Protección normativo. Este MIP marcará «un antes y un después para las cooperativas de crédito».

Ernestro Moronta, que es también presidente del Grupo Caja Rural considera que la unión y la fuerza de éste ha conseguido convencer al Banco de España, al Ministerio de Economía y a las autoridades europeas de que el modelo «es viable y necesario». Y recalca que las cajas rurales han sido únicas entidades financieras que no han necesitado, ni recibido ayudas públicas para su saneamiento.