En el 25º Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte, ST Sociedad de Tasación y ABC, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, anuncia que el Gobierno llevará al Congreso el proyecto de Ley de transposición de la Directiva MiFid II en julio. Y deja muy claro que quiere «acelerar el proceso» de su aprobación «lo más posible».

En un plazo de un mes someterá a consulta pública la norma que crea el  banco de pruebas o ‘sandbox’ regulatorio para el sector financiero. «Las garantías para los clientes reales que puedan participar siempre serán máximas, dado que las empresas estarán sometidas en todo momento al seguimiento de los supervisores», precisa Escolano.

Sobre la aprobación del proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, actualmente en debate en el Congreso de los Diputados, el ministro ha instado a los grupos parlamentarios a que trabajen «desde la prudencia, pero también desde la ambición» para que se apruebe «a la mayor brevedad posible».

También estará lista «de forma inminente» la reforma de las cajas rurales, que aportará «importantes novedades». «Las cajas rurales tienen un lugar importante en la economía española, especialmente en la provisión de crédito, y estamos dispuestos a seguir impulsándolas en el marco de esta legislatura».

Competidores en las mismas condiciones

El presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, señala que «no es admisible que bajo el paraguas de las nuevas tecnologías haya competidores que no lo estén haciendo con las mismas condiciones» que los bancos, porque «el efecto no solo llegará a las industrias afectadas, sino también a la sociedad».

El consejero delegado del Santander, José Antonio Ávarez, destaca que la digitalización en el sector financiero «más que un problema es parte de la solución», ya que abre una oportunidad para aumentar los ingresos y reducir los coste, aunque avisa que los nuevos competidores podrán tomar una parte del negocio. La mayor interacción entre el banco y el cliente, propiciada por la digitalización, obliga al sector a «cambiar la arquitectura tecnológica».

El consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, cree que la  digitalización y el asesoramiento son las «grandes oportunidades» para el sector financiero. «Tenemos malos hábitos financieros, ahorramos menos de lo que deberíamos y eso tiene repercursiones», señala, al tiempo que reclama «políticas públicas de fomento del ahorro», «Creemos que la oportunidad está en utilizar los datos, la palanca fundamental para añadir valor aplicando tecnología. Nuestro negocio se basa en la confianza; en la medida en que seamos capaces de desarrollar valor añadido aprovechando los datos, seremos capaces de aprovechar la confianza que los clientes tienen en nosotros», subraya.

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, precisa sobre la digitalización que el «centro más inmediato» de la entidad para los próximos dos años será los medios de pago, un segmento en el que el banco ya está alcanzando alianzas, como la suscrita con PayPal. «No estamos en contra de los tipos de interés bajos. Nos gustan los tipos de interés bajos, pero no los negativos, porque nos cambia la ecuación de la rentabilidad», añade.

Inclusión financiera, aunque no sea rentable

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, apuesta por la inclusión financiera, que es «una responsabilidad» de los bancos, aunque en ocasiones no sea rentable. El grupo cuenta con prácticamente las mismas sucursales que en el año 2007, con presencia en más de 2.000 municipios. «Esto en ocasiones nos cuesta dinero, pero es una manera de buscar la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno», remarca. «Si no tenemos como sector una reputación adecuada, será muy complicado poder mantener una rentabilidad adecuada de manera sostenible», avisa.

La combinación de las sucursales con los canales digitales es «el modelo ganador» del sector financiero. «Tenemos que avanzar por los dos caminos, sin olvidar que el factor humano es muy importante. La proximidad es el factor más importante para los clientes a la hora de elegir su banco principal», subraya.

La entidad está apostando por redefinir su oferta de productos y servicios, ya que los clientes acuden al banco para ahorrar, invertir, contratar seguros o demandar financiación, entre otras opciones; por introducir nuevos métodos de pago, y por realizar «un cambio profundo» en asesoramiento financiero: «tratamos de que nuestras oficinas, en vez de ser centros de transacciones, sean centros de valor añadido y asesoramiento».

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, fue la que más claro habla del exceso de regulación, y afirma que «todos los cambios regulatorios tienen una misión loable, pero no estaría de más que reguladores y regulados, de forma periódica y conjuntamente, analizasen el propósito que alienta cada normativa y examinasen si está cumpliendo con ese loable fin para el que fueron creadas». La nueva regulación implica «incalculables» costes de desarrollo para la banca: «Lo que se destina a una cosa no se puede destinar a otra».

La aplicación de todas estas normativas es como acudir a una farmacia a que le prescriban varios medicamentos sin tener en cuenta las «contraindicaciones» de la mezcla, que puede dar lugar a más dolor en «entidades que no son tan fuertes». «Se puede terminar creyendo que la guillotina es el remedio infalible para que no te duela la cabeza», y si no hay «mesura» en la aplicación de la regulación se puede acabar pensando «que lo óptimo es lo máximo» y se termina «eliminando a ese organismo que supuestamente hay que proteger», dando entrada en el sistema «a organismos que son inmunes a estos tratamientos», en referencia a las fintech. «Uno no sabe cuánto del éxito viene de la aplicación de las nuevas tecnologías y cuánto de que no tienen la regulación» de la banca tradicional, subraya la consejera deleggada de Bankinter.

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, cree que la vocación de muchas fintech es la de convertir a los bancos en «fábricas donde guardar las operaciones» y quedarse con el monopolio de las relaciones con los clientes», cuando los bancos cuentan con un gran volumen de información que supone «una gran oportunidad» para extender sus modelos de negocio. «Tenemos clientes que todavía hacen de la oficina su centro de relación, aparecen otros clientes que se quieren mover en un ambiente de relación digital, y hay que invertir en esa carrera», añade.

La digitalización no supone únicamente una oportunidad para mejorar la experiencia del cliente, sino también para conseguir que la banca trabaje más eficientemente, poniendo el foco en la gestión de los costes. Hay que avanzar también “en la analítica y en la digitalización de la gestión del riesgo” y en extender la propuesta de valor: “no se trata de dar una hipoteca, sino de resolver las necesidades que tiene el cliente en torno a una vivienda, al ocio, la seguridad, las relaciones sociales, la salud, la familia, y la movilidad, buscando siempre su estabilidad financiera”.

Rentabilidad, prioridad absoluta

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, considera que «el logro de una rentabilidad adecuada a las expectativas de los accionistas es una prioridad absoluta para las entidades e imprescindible para la sostenibilidad del sector», pero insiste en que no se puede confiar «en exceso» en que un incremento de tipos resolverá esta cuestión.

«La regulación sigue siendo un desafío» y, aunque «el tsunami regulatorio ya queda atrás», no se puede pensar que «todo está acabado», porque falta la puesta en marcha de las normativas. «Estas exigencias tan elevadas pueden poner a algunas entidades, las que tienen una menor presencia en los mercados de capitales de acciones y deudas subordinadas, en dificultades», insiste Roldán, que pide controlar si existe alguna clase de arbitraje regulatorio para algún negocio cuando «a igual actividad e iguales riesgos, igual regulación y supervisión», priorizar en el futuro el uso de los reglamentos comunitarios frente a las Directivas e ir eliminando las especificidades normativas nacionales para crear un mercado único de servicios financieros minoristas.

En este sentido,la nueva ley hipotecaria, «paradójicamente», puede ser un ejemplo de especificidad nacional, al alejarse de las prácticas europeas en cuanto a las ejecuciones hipotecarias, algo que podría «lesionar» un sistema «ágil y eficaz». En cuanto a la normativa europea PSD2, presenta una «asimetría que debe corregirse», dado que permite a las empresas tecnológicas acceder a los datos de los bancos, pero no al revés. «A los bancos les gusta competir, pero en un terreno de juego equilibrado y justo», concluye.

El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez, afirma que todavía existe margen de crecimiento para las entidades financieras españolas, que se han visto «obligadas» a buscar rentabilidades a través de la comercialización de fondos de inversión y de planes de pensiones ante los bajos tipos de interés. La comercialización de estos productos ha alcanzado niveles récord tanto en volumen como en aportaciones, con lo que cel ‘mix’ de productos de las entidades españolas se irá equiparado al del resto de las europeas.

También reclama que se realice una evaluación sobre el impacto que han tenido sobre el sector la regulación, como el Fondo de Garantía de Depósitos, los requisitos de reducción de activos improductivos o el nuevo marco de resolución MREL. Señala que la transformación digital «genera eficiencia en el medio plazo», pero en el corto plazo «está exigiendo grandes inversiones a las entidades», lo que repercute también en su rentabilidad.

Sobre la MiFID, pide que se realice una transposición «lo más pegada posible a la Directiva europea», en un contexto de unión bancaria en el que todas las entidades compiten entre sí. Y sobre la nueva ley de crédito hipotecario, que se incremente la seguridad jurídica, y pide a los grupos parlamentarios «consenso en esta materia». «Nos estamos jugando mucho, existe un objetivo común de política económica para entidades y reguladores que es garantizar el acceso a la vivienda a capas cada vez más amplias de población, pero para el que necesitamos una estructura legal pegada a la Directiva y que nos permita competir con el resto de entidades», concluye.