La Audiencia Nacional ha anulado el expediente de regulación de empleo (ERE) de Delion y condenado al cuestionado empresario Martin Gruschka, que deberá responder con su patrimonio personal del reguero de deudas dejado a su paso después de hacerse con el control de la empresa, informa el sindicato que presentó la demanda Comisiones Obreras (CCOO).

La sentencia, que da la razón al sindicato, obliga al “fondo buitre” Sprinwater a abonar los salarios incobrados por los 270 trabajadores despedidos en enero, que deberán además ser readmitidos en otras empresas controladas por el fondo, continúan.

La decisión judicial considera que la transmisión de la empresa por Springwater a empresas “aparentes” fue “un fraude”. Y señala al Grupo Springwater y a su administrador único, Martin Gruschka, como “instigador en el fraude la venta”, lo que según el sindicato, podría afectar a otros ERE, como el de Unipapel, que cerró en 2016, tras caer en manos de Gruschka, dejando en la calle a más de 300 trabajadores.

Según CCOO, Springwater debe además “millones de euros” al Estado, tanto a la Seguridad Social, como a Hacienda; mientras el Gobierno, según su portavoz Raúl Olmos, “mira para otro lado”, ignorando la forma de actuar el polémico empresario suizo.

La operativa de Springwater y de su hombre fuerte Martin Gruschka siempre se repite. Compran empresas que se encuentran en alguna dificultad. Y las liquidan poco después, tras haberlas endeudado, dejando una hilera de salarios impagados, proveedores sin cobrar y deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Ventas fraudulentas

Una operativa que les ha funcionado en sonadas compras como la de Electrodomésticos Miró, Unipapel, Imtech, Daorje o la antigua Pullmantur, hoy Nautalia, del grupo Wamos, bajo el control aún del fondo Springwater.

Actualmente, además de Nautalia, Springwater es co-concensionario de la Plaza de Las Ventas de Madrid, entre otras empresas.

La sentencia, fechada el 16 de mayo, ha contado como ponente con Ricardo Bodas Martín, presidente de la sala de lo social de la Audiencia Nacional. El fallo reconoce la responsabilidad de todas las empresas del Grupo Springwater y a su administrador único, Martin Gruschka, como “instigador en el fraude la venta”, recuerda la central.

La demanda forma parte del trabajo desarrollado por Comisiones Obreas contra la actuación de “fondos buitre”, que “sin interés alguno en desarrollar verdaderos proyectos empresariales y aprovechando la laxitud de la actual legislación, y que el Gobierno mira para otro lado”, afirma Olmos, “destruyen el tejido productivo y empresarial a la búsqueda de beneficio rápido y fácil a coste de los derechos y empleos de la clase trabajadora y de las arcas públicas, a las que dejan deudas millonarias”, sentencian.